La justicia peruana dictó nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición para Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", principal acusado del triple crimen de Florencio Varela. La medida fue tomada tras una audiencia virtual realizada en la comisaría de Chilca, donde el imputado se encuentra detenido desde su captura en Pucusana, a 70 kilómetros de Lima, cuando intentaba huir en un camión.

El juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona, a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, fundamentó la decisión en la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de fuga. "Existen fundados elementos para solicitar la detención preventiva con fines de extradición", sostuvo el magistrado, quien además destacó la expectativa de pena y la posibilidad de que el acusado abandone el país.

Durante la audiencia, "Pequeño J" se negó a aceptar una extradición voluntaria a la Argentina. Su abogado, Marcos Sandoval, argumentó que su defendido es inocente y solicitó la libertad con restricciones, alegando arraigo familiar y laboral en Perú. "Mi patrocinado no ha sido parte de este triple asesinato. Es inocente de todas estas acusaciones", afirmó el letrado, quien también denunció la presión mediática sobre el caso en Argentina. Sin embargo, el juez desestimó el pedido y ordenó que el acusado permanezca en el penal Nueva Cantera Imperial, en Cañete, durante el proceso de extradición, que podría extenderse por varios meses.

El triple crimen de Florencio Varela, ocurrido en septiembre de 2025, conmocionó a la opinión pública por la brutalidad de los hechos y la presunta vinculación con el narcotráfico. Las víctimas, Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, fueron asesinadas con extrema violencia y sus cuerpos hallados en el fondo de una vivienda.

En paralelo, Matías Ozorio, señalado como cómplice de "Pequeño J", fue trasladado a la Argentina y se negó a declarar ante la fiscalía. Las autoridades argentinas y peruanas continúan colaborando en la investigación, mientras los familiares de las víctimas reclaman justicia y la máxima pena para los responsables. El proceso de extradición se tramitará conforme al tratado vigente entre ambos países, y la resolución final podría demorar varios meses, dependiendo de los recursos presentados por la defensa.