El Gobierno argentino oficializó la eliminación de las retenciones a la exportación para más de 200 productos del sector minero, estableciendo una alícuota del 0% para la mayoría, excepto para el litio y la plata, que continuarán tributando un 4,5%. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 563/2025 y firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, busca fortalecer la competitividad y el desarrollo productivo de la minería nacional.

Según los considerandos del decreto, el sector minero es el quinto complejo exportador del país y representa, en promedio, el 80% de la canasta exportadora de provincias como San Juan, Jujuy, Santa Cruz y Catamarca. Sin embargo, la actividad minera solo aporta el 1,2% al PBI argentino, una cifra baja en comparación con otras economías mineras de la región. El Gobierno sostiene que la reducción de la carga impositiva no comprometerá la recaudación tributaria y contribuirá al equilibrio entre desarrollo productivo y estabilidad fiscal.

La decisión se da en el contexto de una megainversión anunciada recientemente en San Juan, donde la minera Vicuña Corp. planea invertir cerca de 15.000 millones de dólares para la extracción de cobre en la cordillera de los Andes. De concretarse, sería la mayor inversión extranjera directa en la historia argentina, según funcionarios nacionales y provinciales.

Además, el decreto deroga el Registro Optativo de Exportaciones de Cobre, creado en 2022 pero nunca implementado, lo que no afecta derechos adquiridos ni expectativas legítimas de los administrados. La medida también se suma a otras rebajas de retenciones en sectores agropecuarios, en línea con la política de apertura comercial y libertad económica impulsada por el Gobierno.

Mientras empresarios y funcionarios celebran la iniciativa como un estímulo para la inversión y el empleo, sectores críticos advierten sobre el posible agravamiento de la desigualdad social y el impacto ambiental, recordando antecedentes de conflictos en provincias mineras. El debate sobre el modelo de desarrollo y la distribución de beneficios continúa abierto, en un contexto de creciente demanda global de minerales y transición energética.