La Justicia de Córdoba ha declarado la quiebra de la empresa constructora Márquez & Asociados, en medio de un escándalo que involucra más de 4,000 denuncias penales y 27,500 contratos incumplidos. La firma, que operaba bajo un esquema financiero insostenible, prometía viviendas "llave en mano" que nunca fueron entregadas en su mayoría. Según las investigaciones, solo el 10% de los contratos fueron cumplidos, mientras que el resto de los fondos se utilizaban para cubrir deudas previas, en un esquema similar a un Ponzi.

El juez Sergio Ruiz calificó el proceso como una "quiebra pedida compleja" debido al volumen de causas civiles y penales en curso. Además, ordenó la inmovilización de bienes de la empresa y de sus directivos, así como la prohibición de pagos directos a la firma. Los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación de créditos hasta noviembre de 2025, mientras que la sindicatura tiene plazos establecidos para presentar informes y verificar los créditos.

Los hermanos Márquez, principales directivos de la empresa, junto con otros colaboradores, están detenidos bajo cargos de asociación ilícita y estafas reiteradas. La investigación también ha revelado vínculos con cuentas en el extranjero y propiedades en Miami, lo que complica aún más el panorama para las víctimas.

El impacto de este caso es significativo, afectando a miles de familias que invirtieron sus ahorros con la esperanza de obtener una vivienda. "Jamás imaginé que esta causa iba a tener la magnitud de damnificados que los han estado estafando con el sueño de la casa propia", declaró Rubén Sánchez Quinteros, abogado de algunas de las víctimas.

En un intento por mitigar los daños, se han presentado medidas cautelares para preservar los activos de la empresa y garantizar eventuales indemnizaciones. Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto, ya que no está claro si los bienes incautados serán suficientes para resarcir a los afectados.

Este caso no solo pone en evidencia las fallas en la regulación del sector inmobiliario, sino que también plantea serias dudas sobre la supervisión financiera y la protección de los consumidores en Argentina. La resolución de este caso será crucial para determinar el alcance de las responsabilidades y las posibles soluciones para las víctimas.