La Justicia de Córdoba enfrenta una de las mayores investigaciones por estafa inmobiliaria en la historia de la provincia, con la empresa Márquez y Asociados en el centro del escándalo. La firma, que ofrecía viviendas bajo la modalidad "llave en mano", habría firmado 30 mil contratos, pero solo cumplió con la entrega de 2.500 casas, dejando a miles de familias sin su hogar prometido.

El fiscal Enrique Gavier, a cargo de la causa, confirmó que ya se han recibido cerca de 3.000 denuncias formales, muchas de ellas a través de un formulario online habilitado por el Ministerio Público Fiscal. "Es una causa cuya magnitud nos ha desbordado", declaró Gavier, quien también señaló que se han inmovilizado bienes y cuentas de los acusados, incluyendo propiedades y vehículos de alta gama.

Entre los detenidos se encuentran los hermanos Matías, Ariel, Juan Pablo y Lucas Márquez, junto con el contador Ramiro Nieva. Todos están imputados por los delitos de asociación ilícita y estafa. Además, las esposas de dos de los hermanos Márquez han sido denunciadas por su presunta participación en la operatoria fraudulenta de la empresa.

La investigación también ha revelado el posible desvío de fondos hacia cuentas en el extranjero y empresas offshore. Según el fiscal, la empresa utilizaba un esquema de pagos híbrido que combinaba cuotas fijas y pagos en efectivo, pero incumplía sistemáticamente los contratos, dejando a miles de clientes sin sus viviendas.

El caso ha generado una ola de indignación entre los damnificados, quienes han comenzado a organizarse en acciones colectivas y reuniones informativas. Algunos expertos legales, como el ex juez concursal Francisco Junyent Bas, han señalado que la única solución viable podría ser la quiebra de la empresa con intervención judicial para intentar recuperar activos. "La magnitud y complejidad del emprendimiento exige que alguien se ponga al frente y haga un inventario adecuado", afirmó Junyent Bas.

El impacto de la estafa no se limita a Córdoba, ya que se han registrado denuncias en otras provincias como Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Mientras tanto, la sede central de Márquez y Asociados en Córdoba permanece clausurada, y las perspectivas para los damnificados son desalentadoras. "La empresa está acéfala", declaró uno de los abogados que representa a las víctimas, subrayando la falta de recursos y dirección para cumplir con los contratos pendientes.

El caso Márquez y Asociados no solo pone en evidencia las fallas en la regulación del sector inmobiliario, sino que también plantea serios desafíos para el sistema judicial, que deberá encontrar formas de atender a las miles de personas afectadas por esta presunta estafa masiva.