El juicio internacional por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo de tensión este martes, cuando la jueza estadounidense Loretta Preska ordenó al Estado argentino entregar los mensajes y correos electrónicos de los exministros de Economía Sergio Massa y Luis Caputo. La medida, solicitada por los abogados de Burford Capital, busca determinar si existe una relación de "alter ego" entre el Estado argentino y la petrolera, lo que permitiría embargar activos soberanos, incluyendo el oro del Banco Central.

Durante la audiencia, la jueza Preska expresó su frustración ante la falta de colaboración de la defensa argentina y advirtió que Caputo podría ser citado a declarar si no se entrega la información requerida. Los demandantes insisten en conocer el destino del oro que el Banco Central habría enviado al exterior, argumentando que Caputo habló públicamente sobre el tema y podría aportar datos clave.

El exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, opinó que la estrategia argentina debe centrarse en la apelación ante la Corte de Nueva York, buscando reducir el monto de la sentencia, que supera los USD 16.000 millones. Saravia Frías también cuestionó la decisión de acceder a la intimidad de funcionarios, aunque reconoció la necesidad de cumplir con las órdenes judiciales.

El caso se remonta a la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado argentino no realizó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) obligatoria. Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio tras la quiebra del grupo Petersen, sostiene que YPF y el Estado actúan como una sola entidad. La jueza Preska, por su parte, se muestra inflexible y podría endurecer las medidas si Argentina no coopera con la entrega de información.

Mientras tanto, el proceso penal local avanza lentamente y el Gobierno argentino busca estrategias para evitar embargos sobre activos estratégicos. El desenlace del caso dependerá de la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York, donde se discutirán los argumentos de ambas partes a fines de octubre.