En la localidad santafesina de San Jerónimo Sud, un hombre fue condenado por la justicia tras crear y difundir imágenes sexuales falsas de al menos 80 mujeres del pueblo, utilizando inteligencia artificial. El caso, que comenzó en 2023, conmocionó a la comunidad y expuso las limitaciones del sistema judicial argentino frente a delitos digitales.

El acusado, Luciano Labarretia, propietario de una verdulería local, fue sentenciado por el delito de injurias, tras viralizar material pornográfico editado con los rostros de sus vecinas. Las imágenes, generadas a partir de fotografías tomadas en redes sociales y en su propio comercio, fueron difundidas en un grupo de Telegram, afectando gravemente la integridad y dignidad de las víctimas. "Vivimos un abuso a nuestra integridad y dignidad y no hay forma de repararlo. Hizo un desastre, nos hizo un daño que no se puede reparar ni económicamente ni moralmente", expresó una de las mujeres afectadas en diálogo con medios locales.

El proceso judicial se desarrolló bajo la modalidad de juicio abreviado, sin intervención del Ministerio Público de la Acusación, ya que el delito de injurias es de instancia privada. Solo seis de las víctimas perseveraron hasta la condena, aunque el daño alcanzó a muchas más. La sentencia incluyó una multa de $20.000 y una reparación económica de $800.000 para el grupo de mujeres querellantes. Durante el allanamiento, se encontraron 48.000 imágenes en los dispositivos del acusado, algunas de ellas involucrando a menores de edad.

En la audiencia, Labarretia asumió la responsabilidad y pidió disculpas públicas: "Les pido disculpas aunque sea tarde y no sirva de nada ahora. No pude darme cuenta entonces del daño que estaba causando. Puedo darme cuenta hoy, después de mucho tiempo de tratamiento psicológico y psiquiátrico, de la gravedad de los hechos. Les pido disculpas a las que están presentes, a las que no y a los que se vieron afectados por lo que pasó. Por supuesto que es algo que nunca más voy a volver a hacer y me avergüenzo de haberlo hecho".

El fallo judicial fue considerado un precedente importante en la lucha contra la violencia de género digital, aunque la pena fue calificada como simbólica por las víctimas. Autoridades y abogados destacaron la necesidad de una pronta reforma legal que tipifique este tipo de conductas, actualmente no contempladas en el Código Penal argentino. El caso generó un intenso debate sobre el acceso a la justicia y la protección de la identidad digital, especialmente en comunidades pequeñas donde el impacto social es aún mayor.