El juicio oral contra 20 personas, incluidos funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares, avanza en la capital provincial, revelando una compleja red de corrupción y narcotráfico dentro del penal de Villa Las Rosas. La investigación, iniciada a partir de denuncias anónimas y testimonios protegidos, permitió desarticular una organización que operaba desde el interior de la cárcel, facilitando el ingreso de drogas, objetos prohibidos y otorgando beneficios indebidos a cambio de sobornos.

Durante las audiencias, el Ministerio Público Fiscal presentó pruebas clave, como intervenciones telefónicas y análisis de más de 113 cuentas bancarias, que evidencian la magnitud del circuito financiero ilícito. Los fiscales detallaron que los funcionarios penitenciarios exigían dinero a los internos y sus familias para gestionar traslados, calificaciones de conducta, atención médica preferencial y el ingreso de alimentos y drogas. Uno de los casos más notorios es el de Lautaro Teruel, quien habría recibido privilegios tras pagos canalizados por familiares y funcionarios.

El jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, Juan Pablo Sánchez, explicó que la organización funcionaba mediante una estructura jerárquica, con roles definidos entre internos, agentes y nexos externos. Las pruebas incluyen audios y mensajes que muestran la coordinación de pagos y favores, así como la utilización de lenguaje codificado para evitar rastros.

El tribunal, integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar, prevé la declaración de más de 180 testigos. El caso es considerado uno de los más significativos en la lucha contra el narcotráfico en contextos de encierro en Salta, y pone en evidencia la necesidad de reformas profundas en el sistema penitenciario para prevenir la corrupción y el crimen organizado. Las audiencias continuarán en los próximos días, mientras la sociedad salteña sigue de cerca el desarrollo del proceso y sus posibles repercusiones.