El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 de la ciudad de Buenos Aires resolvió decomisar la totalidad de los 59.138 dólares que un ciudadano chileno intentó sacar del país ocultos en su equipaje y ropa, incluyendo los 10.000 dólares que la ley permite exportar sin declarar. El hecho ocurrió en febrero de 2020 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando el acusado fue detenido al intentar abordar un vuelo internacional con el dinero fraccionado y escondido para evitar los controles aduaneros.

La jueza de Cámara Sabrina Namer, a cargo de la resolución, destacó que el imputado era consciente de la prohibición vigente y que, pese a ello, intentó sustraer al control aduanero la totalidad de las divisas. "La totalidad del dinero secuestrado fue el objeto del delito", sostuvo la magistrada en la sentencia, remarcando la existencia de carteles informativos de la AFIP y la declaración jurada firmada por el propio acusado.

En noviembre de 2024, el tribunal había condenado al ciudadano chileno a dos años y dos meses de prisión en suspenso, además de inhabilitación para el comercio y para ejercer en fuerzas de seguridad. En ese momento, se ordenó el decomiso de 49.138 dólares, es decir, el excedente sobre el límite legal, mientras que los 10.000 dólares restantes quedaron bajo custodia a la espera de una definición judicial.

La defensa solicitó la devolución de esa suma, argumentando que estaba dentro del monto permitido por la normativa. Sin embargo, la fiscalía se opuso, advirtiendo que devolver el dinero habilitado por ley podría incentivar a otros a intentar exportar sumas apenas superiores al límite o a hacerlo mediante varias personas. Finalmente, el tribunal consideró que la totalidad del dinero formaba parte del mismo hecho delictivo, ya que fue ocultado y no declarado, y resolvió que todo el monto quedara en poder del Estado argentino.

El caso reavivó el debate sobre el alcance de los decomisos en delitos de contrabando de divisas y la aplicación de la normativa vigente, en un contexto de controles cambiarios estrictos en el país. La investigación paralela por posible lavado de dinero fue archivada, y la sentencia quedó firme, sentando un precedente sobre la interpretación de la ley en estos casos.