El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario dictó prisión perpetua para Matías Ernesto “Bicho” Álvarez, de 37 años, por ordenar desde la cárcel el asesinato de Érica Ávalos, una joven de 25 años que recibió 17 disparos en Firmat, Santa Fe, en diciembre de 2022. La condena también incluyó cargos por extorsión en varios casos, todos coordinados desde la prisión federal de Rawson, donde Álvarez estaba detenido.

El crimen de Ávalos ocurrió en la madrugada del 28 de diciembre de 2022, cuando fue atacada por dos hombres en moto. La joven falleció tres días después en el Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto debido a las graves heridas. Según la investigación, el motivo del asesinato fue un robo previo cometido por Ávalos en la casa de la pareja de Álvarez, donde sustrajo dinero y drogas.

Durante el juicio, el fiscal Federico Reynares Solari presentó audios y mensajes que demostraron cómo Álvarez utilizaba teléfonos celulares para coordinar sus crímenes desde prisión. En uno de los audios, Álvarez amenazó directamente a Ávalos, diciendo: “Si a Micaela le di dos tiros, a vos, loca, te mando al hospital de una”. Además, se presentaron mensajes de la víctima a su hermana, en los que expresaba temor por su vida días antes del ataque.

El tribunal, compuesto por los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, valoró las pruebas indirectas y testimonios que confirmaron el control que Álvarez ejercía sobre su organización criminal desde la cárcel. También se destacó el uso de videollamadas para extorsionar a otras víctimas, exigiendo dinero bajo amenazas.

Este caso no es el primero en el historial de Álvarez. En abril de 2023, ya había sido condenado a 15 años de prisión por liderar una banda narcocriminal en el sur de Santa Fe, involucrada en la comercialización de drogas y otros delitos violentos. La reciente condena a prisión perpetua subraya la gravedad de sus crímenes y su capacidad para operar desde prisión.

El caso ha generado preocupación sobre la connivencia dentro del sistema penitenciario que permite a líderes criminales continuar con sus actividades delictivas. Los jueces señalaron que este modus operandi es común entre las organizaciones narcocriminales, incluso cuando sus cabecillas están detenidos.

La condena de Álvarez podría impulsar reformas en el sistema penitenciario y medidas más estrictas para evitar que los detenidos sigan operando desde las cárceles. Mientras tanto, el caso pone en evidencia la violencia extrema y el control que el narcotráfico ejerce en regiones como Firmat y Venado Tuerto, afectando gravemente la seguridad de sus habitantes.