La reciente decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de suspender el financiamiento del transporte para los recuperadores urbanos desató una fuerte reacción de los trabajadores del sector y un amplio debate en la sociedad. La medida, que afecta a unos 3.500 cartoneros que viajan diariamente desde el conurbano bonaerense, fue rechazada por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), que organizó una masiva movilización en Parque Lezama para exigir la restitución del beneficio o una compensación adecuada.

Según los representantes de FACCyR, la suspensión del transporte implica un recorte salarial indirecto de más del 20% para los trabajadores, quienes perciben alrededor de $390.000 mensuales y ahora deberán afrontar el costo de los traslados. Además, advirtieron que la medida pone en riesgo un sistema de reciclado con inclusión social que es modelo en América Latina y cuenta con casi dos décadas de historia.

El gobierno porteño, por su parte, defendió la decisión argumentando que busca eliminar "privilegios" y construir un esquema "más justo y eficiente" para todos los recuperadores urbanos. "El esfuerzo del Estado debe traducirse en mejoras reales para el sistema de reciclado, no en beneficios discrecionales", sostuvo el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi. Además, la administración local endureció los controles y anunció multas de hasta $900.000 para quienes revuelvan basura y ensucien la ciudad, una medida que generó nuevas críticas de organizaciones sociales y de la oposición.

La Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal, expresó su respaldo a los cartoneros y reclamó que el trabajo digno sea protegido y reconocido. "Ninguna medida puede considerarse exitosa si implica que los trabajadores pierdan su empleo o vivan con angustia e incertidumbre sobre su futuro", advirtió el comunicado firmado por el cardenal Ángel Rossi.

El conflicto se produce en un contexto de ajuste económico y de tensiones entre el gobierno porteño y las organizaciones sociales. Además, se denunció una reducción de los puntos verdes y el incumplimiento de la Ley de Basura Cero, que establecía metas de reducción de residuos no alcanzadas en los últimos años. El debate sobre el futuro del sistema de reciclado y la situación de los trabajadores continúa abierto, con posiciones encontradas entre las autoridades y los sectores afectados.