Dos casos de presunta estafa conmocionaron a las comunidades educativas de Córdoba y Misiones en diciembre de 2025, cuando madres encargadas de administrar los fondos para las fiestas de egresados fueron denunciadas por apropiarse de sumas millonarias. En el Colegio General Manuel Belgrano Armenio de Córdoba, los padres descubrieron, a solo días del evento, que faltaban $11 millones de la recaudación. La madre responsable alegó haber sido víctima de un robo, pero no presentó denuncia policial ni existen registros fílmicos que respalden su versión. Solo 28 de los 166 cupos estaban abonados, lo que puso en riesgo la realización de la fiesta.

Ante la emergencia, la comunidad educativa, junto con la colectividad armenia, organizó colectas, rifas y ventas de comida para reunir el dinero necesario en tiempo récord. Gracias a la solidaridad de padres y vecinos, la fiesta pudo llevarse a cabo según lo planeado. Sin embargo, la denuncia penal fue presentada y la Justicia investiga el destino de los fondos.

En Eldorado, Misiones, la situación fue similar pero con cifras aún mayores. Romina Enríquez, madre de una alumna de la Escuela de Comercio N°19, fue acusada de gastar $17 millones recaudados para la fiesta de egresados. Aunque en un primer momento alegó problemas de ludopatía, varios padres y autoridades pusieron en duda esa explicación, sugiriendo que podría tratarse de una estrategia legal. La investigación penal estima el perjuicio en hasta $25 millones.

La falta de comprobantes y la confianza depositada en la acusada facilitaron la maniobra. Cuando los padres descubrieron la falta de pago a proveedores, recurrieron al intendente local, quien se ofreció como garante para que la fiesta pudiera realizarse. Las familias asumieron el compromiso de pagar la deuda en cuotas y, nuevamente, la comunidad se movilizó para evitar que los estudiantes perdieran su noche especial.

Ambos casos generaron un fuerte impacto emocional en los alumnos y sus familias, pero también pusieron de manifiesto la capacidad de organización y solidaridad de las comunidades. Las investigaciones judiciales continúan y las familias esperan que se esclarezcan los hechos y se restituyan los fondos.