Un megaoperativo internacional, denominado "Aliados por la Infancia V", logró desmantelar una extensa red dedicada a la producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil en 15 países y 12 ciudades argentinas, entre ellas San Juan. La acción, coordinada por organismos judiciales y fuerzas de seguridad nacionales e internacionales, incluyó 73 allanamientos en Argentina y resultó en la detención de 22 personas, así como el secuestro de más de 300 dispositivos electrónicos vinculados a los delitos investigados.

En San Juan, un joven de 33 años, empleado en atención al público y domiciliado en el distrito La Legua de Santa Lucía, fue arrestado tras el hallazgo de al menos seis archivos con imágenes y videos de explotación sexual infantil. El procedimiento, realizado a primera hora del martes, fue dirigido por la UFI Delitos Informáticos y Estafas del Poder Judicial provincial, bajo la supervisión del fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra. Durante el allanamiento, se incautaron dos celulares, una notebook y otros soportes informáticos, mientras que el detenido quedó alojado en la Comisaría 5ta de Santa Lucía.

La investigación, que se extendió durante meses, fue posible gracias a la colaboración entre fiscalías especializadas, fuerzas federales y provinciales, y el uso de plataformas tecnológicas como ICACCOPS y CPS, que permiten detectar usuarios en redes P2P involucrados en la distribución de material ilegal. Las alertas iniciales provinieron del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, lo que permitió la identificación y localización de los sospechosos en Argentina.

En paralelo, en otras provincias como Buenos Aires y Santa Cruz, se realizaron múltiples allanamientos y detenciones, además del resguardo judicial de dos menores convivientes con algunos de los sospechosos. El jefe policial de Santa Cruz, comisario mayor Luis Poblete, destacó que "hemos encontrado menores involucrados y adultos, y tenemos incautados dispositivos telefónicos, móviles, tecnológicos y material pornográfico". Por su parte, el Ministerio Público Fiscal porteño remarcó el uso de inteligencia tecnológica avanzada y la importancia de la cooperación internacional para combatir estos delitos.

La operación se desarrolló bajo el encuadre legal de los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino, que sancionan la tenencia, producción, descarga, divulgación y distribución de material de abuso sexual infantil, así como el grooming. Las autoridades y expertos subrayan la necesidad de fortalecer la prevención y protección de la infancia frente a estos delitos, mientras la investigación continúa para determinar el alcance total de la red desmantelada.