El conflicto por la ocupación de tierras en Villa La Angostura, Neuquén, sumó un nuevo capítulo tras la suspensión de un operativo de desalojo ordenado por la Justicia. Las comunidades mapuches Melo y Kinxikew, asentadas desde 2011 en un predio privado de más de 625 hectáreas en la zona de El Pedregoso, enfrentan una orden de desalojo dictada por el juez Francisco Astoul Bonorino. Sin embargo, la medida no pudo concretarse debido a la falta de apoyo policial y a denuncias de irregularidades procesales.

La propietaria del terreno, María Cristina Broers, sostiene la titularidad formal de la tierra, mientras que las comunidades mapuches afirman tener pruebas de preexistencia y reconocimiento estatal. "Tenemos la carpeta otorgada por provincia y por Nación, y tenemos pruebas de preexistencia en estos territorios documentadas", declaró Lucas Melo, vocero de una de las comunidades. Por su parte, la lonko Amancay Quintriqueo remarcó: "Estuvimos siempre acá (…) desde 2011 enfrentamos intentos de desalojo".

El operativo, previsto para el 30 de marzo, fue suspendido tras la ausencia de la policía provincial, lo que generó versiones encontradas sobre los motivos. Mientras algunos atribuyen la suspensión a la falta de fuerzas de seguridad, voceros mapuches y su defensa legal denuncian maniobras judiciales, falta de notificación adecuada y cuestionan la legalidad del procedimiento. El abogado Luis Virgilio Sánchez calificó el desalojo como "improcedente e ilegal" y solicitó la nulidad de las actuaciones posteriores al 11 de marzo de 2026, así como la acumulación de causas para evitar resoluciones contradictorias.

El juez Astoul Bonorino reconoció en su fallo la vigencia de derechos indígenas establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, pero decidió avanzar con la integración del Estado Nacional y Provincial al proceso, otorgando plazos de respuesta y postergando una definición de fondo sobre la titularidad del territorio.

El caso ha generado un intenso debate institucional. Opiniones editoriales advierten que la falta de ejecución de sentencias judiciales erosiona la seguridad jurídica y pone en cuestión el Estado de Derecho. El conflicto, que involucra intereses económicos, derechos indígenas y acceso a recursos naturales, sigue abierto y podría escalar ante la advertencia explícita de las comunidades de resistir cualquier intento de desalojo.