La Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto absolvió este lunes a los dos exfuncionarios acusados de impedir el ingreso de Pablo Musse a Córdoba para despedirse de su hija Solange, quien falleció de cáncer en agosto de 2020. El fallo, dictado por jurados populares y jueces técnicos, eximió de responsabilidad a Eduardo Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó, y a Analía Morales, trabajadora social del COE de Río Cuarto, quienes estaban imputados por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

El operativo sanitario que impidió el ingreso de Musse y su cuñada, Paola Oviedo, se realizó el 16 de agosto de 2020 en el puesto de Huinca Renancó. Aunque ambos contaban con permisos de circulación por causa de fuerza mayor, no tenían el resultado de un test PCR negativo, exigido por los protocolos vigentes. Los test rápidos realizados en el lugar dieron positivo, aunque luego se comprobó que eran falsos positivos. La familia fue escoltada de regreso a Neuquén y cinco días después, Solange falleció sin poder despedirse de su padre.

Durante el juicio, el fiscal Julio Rivero y la querella sostuvieron que los funcionarios desoyeron las excepciones humanitarias previstas en los protocolos y vulneraron los derechos de la familia, especialmente de Oviedo, quien tiene una discapacidad motriz. Solicitaron condenas y que se declare a la familia víctima de violencia institucional. La defensa, por su parte, argumentó que los acusados actuaron bajo una estructura jerárquica y cumplieron con las normas vigentes, sin responsabilidad directa en la decisión final.

El fallo generó indignación en la familia Musse, que anunció su intención de apelar. Pablo Musse expresó su desilusión y enojo, afirmando: "Odio y bronca. El mismo sentimiento que sentí ese domingo 16 en el cual no me dejaron pasar a ver a mi hija. Esto no va a quedar acá. Esperaba que realmente se haga justicia, lamentablemente en la Argentina seguimos sin justicia".

El caso Solange Musse se convirtió en un símbolo de los efectos humanos de las restricciones sanitarias durante la pandemia y reabre el debate sobre el equilibrio entre la salud pública y los derechos individuales. Los fundamentos del fallo se conocerán en octubre, mientras la familia continúa su lucha por justicia.