El reciente descarte masivo de merluza por parte del buque argentino "Nddanddu" reavivó la preocupación por la depredación pesquera y la falta de controles efectivos en el Atlántico Sur. Según denuncias de la tripulación, más de 3.000 cajones de merluza, equivalentes a unas 90 toneladas, fueron arrojados al mar durante la última marea de enero y febrero de 2026, con el objetivo de priorizar la captura de calamar, siguiendo directivas empresariales. La situación fue documentada en video y difundida por el sindicato SOMU, lo que generó una fuerte repercusión en el sector y la opinión pública.

El primer pescador del buque, José Rodríguez, relató que la orden de la empresa armadora era inequívoca: solo calamar en los cajones. Durante tres días, la tripulación cumplió la directiva, mientras el hielo se derretía y la cadena de frío se volvía insostenible. "Tiramos más de 3 mil cajones de merluza para juntar 80 cajones de calamar", afirmó Rodríguez. El uso de redes ilegales, conocidas como "calcetín", agravó el daño ambiental al impedir el escape de peces juveniles, en violación de las normativas vigentes.

La reacción de las autoridades fue dispar. Mientras la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera evitó pronunciarse, la provincia de Chubut retiró al Grupo Santander, propietario del "Nddanddu", las 1.000 toneladas de cuota social asignadas. Sin embargo, el buque continúa operando con cuotas transferidas por otras embarcaciones del mismo grupo, lo que generó nuevas críticas sobre la efectividad de las sanciones.

En paralelo, el Estado argentino intensificó los operativos de vigilancia y control en la milla 201, límite de la Zona Económica Exclusiva, donde se estima la presencia de unas 500 embarcaciones extranjeras, en su mayoría chinas, dedicadas a la pesca de calamar y merluza. Operativos como "Mare Nostrum IX" y la implementación del sistema "Guardacostas" buscan monitorear en tiempo real la actividad pesquera y detectar incursiones ilegales. Además, se incorporaron mecanismos de prueba electrónica para agilizar los procesos sancionatorios.

Organizaciones ambientales y sindicatos advirtieron que el caso del "Nddanddu" no es aislado, sino un síntoma de un modelo extractivo con escasa fiscalización y alta presión internacional sobre los recursos marítimos argentinos. "Estas prácticas deben ser investigadas y sancionadas con todo el peso de la ley", reclamó Juan Coustet, de la Fundación Sin Azul No Hay Verde. Representantes diplomáticos de países pesqueros participaron en reuniones para fortalecer la cooperación internacional y proteger la biodiversidad del Atlántico Sur.

El episodio reabre el debate sobre la sostenibilidad de la pesca en Argentina y la necesidad de controles más estrictos para evitar la depredación de especies clave como la merluza y el calamar. El desafío sigue siendo garantizar la explotación responsable de los recursos marinos y la defensa de los intereses nacionales frente a la creciente presión internacional.