Miles de docentes, estudiantes y representantes gremiales se movilizaron este jueves en distintas ciudades de Argentina para reclamar mayor financiamiento y mejores condiciones salariales para las universidades públicas. La jornada, que incluyó marchas, abrazos simbólicos y actos en instituciones como la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en Santa Fe y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) en Mendoza, se enmarcó en el pedido de aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Universitario.

En Buenos Aires, la protesta comenzó con una huelga y un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas, seguido de una marcha de antorchas hasta la sede de la Secretaría de Educación. "Estamos acá hoy enfrentando los ataques de este Gobierno y uno de estos ataques es, efectivamente, contra la educación pública", expresó una estudiante a la agencia EFE. El docente Alejandro Montoso agregó: "Hace prácticamente ocho meses el Gobierno no nos recibe y nos da aumentos que están muy por debajo de la inflación, con lo cual nuestra situación salarial es crítica".

En Santa Fe, la movilización recorrió las calles hasta la explanada del Rectorado de la UNL. Adriana Falchini, del gremio ADUL, señaló: "La marcha de antorchas es en señal de resistencia, de reclamo, para que vuelvan los derechos adquiridos, universidades y facultades que tengan presupuesto para el desarrollo de las clases, salarios acordes, becas para los estudiantes, insumos para investigaciones".

En Mendoza, autoridades de la UNCUYO presentaron un petitorio en la Legislatura provincial y realizaron un abrazo simbólico. El vicerrector Gabriel Fidel destacó: "Este proyecto de ley busca darle previsibilidad a las necesidades que tenemos en las universidades nacionales de gasto, tanto para educación como para investigación, como para funcionamiento, pero también la situación de los salarios de nuestros docentes y no docentes que tienen un gran atraso".

El conflicto se agudizó tras el veto presidencial a una ley de financiamiento universitario en 2024. Rectores y gremios advierten sobre el deterioro de la infraestructura, el éxodo de docentes y la falta de fondos para investigación. El Congreso tratará un nuevo proyecto de ley el próximo 2 de julio, en medio de un clima de tensión y preocupación por el futuro de la educación superior pública en el país.