El reciente veto del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica ha desatado una ola de protestas y un intenso debate político en Argentina. Las normas, aprobadas por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, preveían la actualización mensual de los fondos para universidades nacionales y la recomposición salarial de docentes, así como el fortalecimiento de recursos para el Hospital Garrahan y la atención pediátrica.

El Gobierno justificó el veto argumentando que la implementación de estas leyes incrementaría el gasto público de manera desproporcionada, poniendo en riesgo la estabilidad fiscal y macroeconómica del país. Según el Decreto 647/2025, la falta de recursos suficientes para solventar el aumento presupuestario podría traducirse en perjuicios para la población, especialmente los sectores más vulnerables.

Sin embargo, la decisión presidencial generó un fuerte rechazo en el ámbito universitario y sanitario. El Consejo Interuniversitario Nacional, junto a gremios docentes y no docentes, convocó a una marcha nacional para el 17 de septiembre, en coincidencia con el tratamiento de los vetos en la Cámara de Diputados. "Está en riesgo el funcionamiento de la universidad pública tal como la conocemos si no tenemos ley de financiamiento público y presupuesto 2026", advirtió Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa.

En paralelo, los trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron un paro en rechazo al veto a la ley de Emergencia Pediátrica, denunciando una reducción de recursos y fuga de personal. La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, Norma Lezana, sostuvo que "el Presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad".

El senador Eduardo Vischi (UCR) anticipó que el Senado podría reunir los votos necesarios para rechazar los vetos, lo que representaría un revés para el Gobierno. "En el Senado la situación es distinta. Han sido leyes que fueron aprobadas por una amplia mayoría", señaló Vischi, quien también llamó al oficialismo a respetar los límites que impone el Congreso.

El conflicto se produce en un contexto de fuerte ajuste fiscal. Según datos de Chequeado, el presupuesto universitario cayó un 30% en términos reales desde 2023, y los salarios docentes perdieron un 28% de poder adquisitivo. El mismo día del veto, el Gobierno recortó $40 mil millones al presupuesto universitario para 2025.

La movilización del 17 de septiembre reunirá a estudiantes, docentes, trabajadores de la salud y organizaciones sociales, en defensa de la educación y la salud públicas. El desenlace en el Congreso será clave para el futuro de ambos sectores y para la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en un clima de creciente tensión institucional.