En una sesión maratónica, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS), un organismo que marcará un antes y un después en la gestión de la seguridad y la autonomía porteña. La iniciativa, que recibió 54 votos a favor y solo tres en contra, fue el resultado de meses de debate y consenso entre los distintos bloques políticos.

El nuevo SPRS estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia local y tendrá una estructura civil y profesional. Se dividirá en dos cuerpos: uno de agentes de seguridad penitenciaria, encargado de la custodia y los traslados, y otro de agentes de reintegración social, compuesto por profesionales que acompañarán a los condenados en su proceso de reinserción. El Instituto Superior de Seguridad Pública será responsable de la formación y capacitación de los efectivos.

El objetivo central de la ley es reducir la reincidencia y favorecer la reintegración social de las personas privadas de libertad. Para ello, se implementará un "Plan de Vida" individual para cada condenado, que incluirá acceso a educación, salud y capacitación laboral. Además, la normativa introduce derechos para las víctimas y busca garantizar la seguridad tanto dentro como fuera de los establecimientos penitenciarios.

El debate previo a la aprobación estuvo marcado por diferencias sobre la denominación y el enfoque del proyecto, especialmente en torno a los términos "reinserción" y "reintegración". Sin embargo, el acuerdo final permitió destrabar la votación y lograr un respaldo amplio, incluso de sectores opositores.

La creación del SPRS se da en un contexto de sobrepoblación en comisarías y alcaidías porteñas, con más de 2.400 detenidos, y en medio de negociaciones con el Gobierno nacional para el traspaso de competencias penitenciarias. El cierre de la cárcel de Devoto y la construcción de nuevos pabellones en Marcos Paz forman parte del plan integral para mejorar el sistema carcelario de la Ciudad.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró la sanción de la ley como "un hito para la autonomía porteña" y destacó que "cada competencia que asumimos tiene un impacto directo en la vida de los vecinos". Desde la oposición, se valoró el consenso alcanzado y la incorporación de un enfoque más humano y técnico en la gestión penitenciaria. Se espera que la medida contribuya a mejorar la seguridad y la reinserción social en la Ciudad de Buenos Aires.