Mario Lugones, actual ministro de Salud y figura central en el gabinete de Javier Milei, enfrenta una creciente controversia por su gestión al frente del sistema sanitario argentino. Los recortes presupuestarios en el Hospital Garrahan, uno de los principales centros pediátricos del país, han generado movilizaciones de trabajadores, familias de pacientes y un fuerte rechazo social. A esto se suman denuncias de presuntas irregularidades administrativas, impulsadas por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y pedidos de renuncia por parte de diversos sectores.

La historia personal de Lugones añade una dimensión compleja al debate. Su hermano César y su cuñada María Marta Vásquez fueron secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar, un hecho que marcó a la familia y que resurge en el contexto actual. Sin embargo, quienes lo conocieron de cerca señalan que Mario se mantuvo al margen de la búsqueda familiar y, con el tiempo, se volcó al sector privado de la salud, antes de asumir un rol protagónico en la administración pública.

Durante su gestión, Lugones impulsó una serie de reformas que incluyeron la desregulación de obras sociales y prepagas, la reestructuración de organismos como el PAMI, la ANMAT y la Agencia Nacional de Discapacidad, y recortes en la asistencia a personas con discapacidad. Estas medidas, justificadas por el gobierno como parte de un plan de ajuste fiscal, han sido duramente cuestionadas por sus consecuencias sobre los sectores más vulnerables.

En el plano político, el ascenso de Lugones se vio favorecido por la influencia de su hijo Rodrigo, socio del principal asesor presidencial Santiago Caputo. Esta red de vínculos consolidó su posición dentro del gabinete y le permitió avanzar con las reformas impulsadas por el presidente Milei.

Las reacciones ante su gestión son dispares. Mientras el gobierno defiende la necesidad de los ajustes y acusa a los manifestantes de responder a intereses partidarios, trabajadores de la salud, familiares de pacientes y allegados a Lugones expresan desconcierto y críticas por su papel en el desmantelamiento del sistema público. El caso de Mario Lugones ilustra las tensiones entre la historia personal, la política de derechos humanos y las prioridades de la actual administración, en un contexto de fuerte polarización social y política.