El Gobierno convocó al campo y a los semilleros para avanzar con la reforma de la ley de semillas
• El Gobierno argentino reunió a productores y semilleros para avanzar en la reforma de la Ley de Semillas. • Se busca consenso sobre propiedad intelectual y uso propio. • Nuevo protocolo de control varietal ya en marcha. #Agro #Argentina



El Gobierno argentino reunió a representantes de la Mesa de Enlace, asociaciones de productores y la industria semillera para avanzar en la reforma de la Ley de Semillas, en un intento por modernizar el marco legal y fortalecer la protección de la propiedad intelectual en el sector agropecuario. La reunión, celebrada en la sede de la Secretaría de Agricultura, contó con la presencia de funcionarios nacionales y referentes de entidades como Aacrea, Aapresid y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA).
Durante el encuentro, los participantes coincidieron en la necesidad de actualizar la legislación vigente, aunque persisten diferencias sobre los mecanismos para reconocer y remunerar la innovación genética, especialmente en cultivos autógamos como la soja. Mientras que las entidades rurales proponen mantener el derecho de uso propio con mecanismos de compensación para los obtentores, la industria semillera reclama reglas más claras y una protección más efectiva de la propiedad intelectual.
"Estamos de acuerdo en que hay que reconocer la propiedad intelectual. Lo que queda por discutir es cómo, cuánto y durante cuánto tiempo", señaló Pablo Ginestet, de Confederaciones Rurales Argentinas. Por su parte, Alfredo Paseyro, director ejecutivo de ASA, afirmó que el esquema actual "no sirve" y respaldó la adhesión de Argentina al Acta UPOV 91 como marco para modernizar el sistema.
En paralelo, el Gobierno oficializó un nuevo protocolo de control de identidad varietal en semillas, que permitirá identificar variedades en el primer punto de entrega del grano y fortalecer la trazabilidad y transparencia en el mercado. Según el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, esta actualización podría generar un incremento de más de 4.000 millones de dólares anuales en exportaciones.
Aunque no se alcanzaron definiciones concretas, las partes acordaron continuar las negociaciones y trabajar en una propuesta que pueda ser presentada en el Congreso con el mayor respaldo posible. El desafío será encontrar un equilibrio entre los derechos de los obtentores y las condiciones que reclaman los productores para acceder a nuevas tecnologías, en un contexto de creciente demanda de innovación y competitividad internacional.
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