Una mujer que adquirió un automóvil 0 km en marzo de 2011 y enfrentó múltiples fallas mecánicas obtuvo un fallo judicial favorable tras más de una década de litigio. El Juzgado en lo Civil y Comercial N°10 de Quilmes condenó a la automotriz y a la concesionaria involucradas a pagarle más de 13 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios, según consta en la sentencia a la que accedió Infobae.

Desde el primer año de uso, el vehículo presentó problemas como alertas persistentes en el tablero, ruidos anómalos, fallas en la caja de cambios y filtraciones de agua. La usuaria recurrió al servicio técnico autorizado en al menos nueve ocasiones, pero las reparaciones no lograron solucionar los desperfectos de manera definitiva. En una oportunidad, tras una reparación de la caja de cambios, el auto sufrió una rotura completa mientras circulaba por una autopista con toda la familia, generando una situación de riesgo para los ocupantes y terceros.

La defensa de las empresas demandadas negó responsabilidad. La automotriz argumentó que solo fabricó el vehículo y cumplió con la garantía, mientras que la concesionaria no respondió la demanda y fue declarada en rebeldía procesal. Sin embargo, la jueza consideró que ambas forman parte de la cadena de comercialización y, por lo tanto, son solidariamente responsables según la Ley de Defensa del Consumidor.

El fallo se basó en un peritaje técnico que confirmó la existencia y reiteración de las fallas denunciadas. El tribunal reconoció el daño moral sufrido por la usuaria, asignando cinco millones de pesos por la afectación a su tranquilidad y confianza, y un millón de pesos por gastos de reparación. Además, se impuso un daño punitivo de más de siete millones de pesos como medida disuasoria frente a prácticas lesivas hacia los consumidores.

La jueza también ordenó el pago de intereses y la actualización del monto según el índice de precios al consumidor, declarando la inconstitucionalidad de la prohibición de actualización monetaria. El fallo, que impone las costas del proceso a las demandadas, refuerza la protección de los derechos de los consumidores y sienta un precedente relevante en la materia.