La decisión del Gobierno nacional de cerrar y desfinanciar la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) ha generado un amplio rechazo por parte de la Iglesia, organizaciones sociales y referentes territoriales. Esta medida implica la paralización de más de 700 obras de urbanización en barrios populares y afecta directamente a cerca de cinco millones de personas en todo el país, según datos de la Mesa Nacional de Barrios Populares.

El arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, expresó su preocupación durante un encuentro organizado por la Mesa Nacional de Barrios Populares: “Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte. Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como agua potable y electricidad segura. Pero la integración habla de protagonismo”. Carrara remarcó la importancia de la participación de los propios vecinos en el relevamiento y ejecución de las obras, y cuestionó la falta de sensibilidad social ante la situación de los barrios vulnerables.

La interrupción del programa Mi Pieza, que permitía mejoras habitacionales a más de 11.000 mujeres, y la paralización de inversiones por más de 6.500 millones de pesos en provincias como Jujuy, son algunas de las consecuencias inmediatas del cierre de la SISU. Además, referentes sociales advierten sobre el riesgo de desalojos y la precarización de servicios básicos como agua y electricidad en miles de barrios.

La política de integración socio urbana, aprobada por unanimidad en el Congreso en 2018, fue auditada por organismos internacionales y nacionales, que certificaron la transparencia y eficiencia de los fondos. El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la Ley 27.453 surgieron de la articulación entre organizaciones sociales, la Iglesia y el Estado, y permitieron la ejecución de más de 1.200 proyectos de integración y la mejora de 250.000 viviendas.

La Justicia Federal dictó medidas cautelares para garantizar la continuidad de la política y suspender cualquier intento de disolver el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Sin embargo, la incertidumbre persiste entre los habitantes de los barrios populares, quienes reclaman al Gobierno nacional y a las provincias que se garantice la continuidad de las obras y la protección de sus derechos.

El conflicto es interpretado por los actores involucrados como un retroceso en materia de derechos y una amenaza a la igualdad de oportunidades. La Mesa Nacional de Barrios Populares insiste en que la integración socio urbana no es un gasto, sino una inversión en desarrollo y futuro, y reclama la sostenibilidad de una política que, aseguran, trasciende gobiernos y partidos.