Un funcionario judicial de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia protagonizó un incidente en Comodoro Rivadavia al negarse a realizarse un control de alcoholemia y amenazar a los agentes de tránsito. El hecho ocurrió el 25 de octubre en la intersección de Alem y Necochea, durante un operativo rutinario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Chubut.

El hombre, identificado como Fabricio Sachi, fue interceptado por personal policial tras estacionar de manera irregular. Al ser abordado por los agentes, Sachi se negó a someterse al test de alcoholemia, argumentando que "vivía a la vuelta" y que no iba a cumplir con el procedimiento obligatorio. Según los videos difundidos en redes sociales y medios locales, el funcionario increpó a los agentes, los insultó y los invitó a pelear, llegando a afirmar que podía "dejarlos sin trabajo" por su condición de funcionario judicial.

Durante el intercambio, Sachi mostró su identificación y desafió a los agentes, manifestando: "No me tutee. ¡Bájeme el tono! ¿Quién sos? Funcionario público igual que yo". Ante la insistencia de los inspectores, el funcionario respondió de manera irónica y amenazante, negándose a realizar el test y solicitando denunciar a los agentes por "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

El personal interviniente labró el acta correspondiente por negativa al control de alcoholemia, amenazas al personal y conducción peligrosa, dando intervención a la autoridad judicial competente. El vehículo fue retenido y el video del incidente será parte de las actuaciones elevadas a la justicia provincial.

El episodio generó repudio en redes sociales y reavivó el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos, especialmente aquellos vinculados al Poder Judicial. Las autoridades policiales reiteraron que la negativa a realizar un control de alcoholemia constituye una infracción grave y puede implicar sanciones administrativas y penales. Hasta el momento, no se informaron medidas administrativas por parte del Ministerio Público Fiscal de Santa Cruz respecto al funcionario involucrado. El caso pone en foco la igualdad ante la ley y la necesidad de transparencia en el accionar de los funcionarios públicos.