Ley de Glaciares: la Justicia denegó el pedido de extender las audiencias para habilitar la participación c...
- La Justicia rechazó ampliar la participación oral en las audiencias públicas por la reforma a la Ley de Glaciares. - Solo 400 de más de 100.000 inscriptos podrán exponer oralmente; el resto, por escrito o video. - Organizaciones ambientalistas denuncian restricción a la participación ciudadana.
La Justicia federal rechazó este viernes una medida cautelar presentada por organizaciones ambientalistas que buscaba garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en las audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Glaciares. De las más de 100.000 personas anotadas, solo unas 400 podrán intervenir oralmente durante las jornadas previstas para el 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados, mientras que el resto deberá remitir sus opiniones por escrito o mediante videos.
La decisión de limitar la participación fue adoptada por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales, José Peluc, quienes argumentaron que la cantidad de inscriptos hacía inviable un debate oral para todos. Esta medida generó críticas de organizaciones como Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que consideraron que la restricción vulnera los estándares internacionales de participación pública ambiental, especialmente los establecidos en el Acuerdo de Escazú.
El juez a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5 fundamentó su rechazo señalando que los demandantes no demostraron con suficiente evidencia la existencia de vicios manifiestos que tornen ilegítima la conducta parlamentaria. Por su parte, el diputado Nicolás Mayoraz celebró la decisión judicial y defendió la legitimidad del proceso, acusando a un grupo de ONGs de intentar boicotear el debate.
La reforma a la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado, es una de las prioridades legislativas del oficialismo y ha generado un intenso debate público. Mientras tanto, legisladores opositores y organizaciones ambientalistas evalúan nuevas acciones judiciales y posibles movilizaciones para exigir una mayor apertura en la participación ciudadana. El trasfondo del debate incluye la tensión entre el desarrollo económico, la actividad minera y la protección de los recursos hídricos estratégicos del país, en un contexto donde la participación ciudadana y la transparencia legislativa son temas centrales.
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