El Gobierno argentino intensificó el reordenamiento del sistema de salud al declarar en situación de crisis a tres obras sociales: la Obra Social del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro, la Obra Social del Personal Mensualizado del Jockey Club de Buenos Aires y los Hipódromos de Palermo y San Isidro, y la Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión, oficializada mediante las resoluciones 1643/2025 y 1644/2025 publicadas el 26 de agosto de 2025 en el Boletín Oficial, responde a la detección de factores de criticidad superiores a los valores límite establecidos para su funcionamiento, en aspectos prestacionales, contables, institucionales y de atención al beneficiario.

Las entidades afectadas deberán presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a 15 días, con metas trimestrales y acciones concretas para garantizar la continuidad de la cobertura. El seguimiento de estos planes estará a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, que evaluará indicadores económico-financieros, capacidad de repago y dependencia de subsidios financieros.

La medida se inscribe en el marco del decreto 170/2024, que habilitó a los trabajadores a elegir libremente la obra social o empresa de medicina prepaga a la que derivar sus aportes, sin intermediación sindical. Este cambio, que abarca a más de 14 millones de personas, reconfiguró el financiamiento de las obras sociales y abrió un nuevo esquema de competencia con el sector privado.

En meses previos, el Gobierno ya había intervenido otras entidades, como la Obra Social Asociación Mutual Metalúrgica Villa Constitución, la OSPIB y la OSPAD, por irregularidades administrativas y financieras. El Ejecutivo sostiene que estas acciones buscan fortalecer el rol fiscalizador del Estado, garantizar la sustentabilidad de los agentes y asegurar el acceso a prestaciones de calidad para la población.

Las obras sociales afectadas pueden interponer recursos administrativos o judiciales contra la medida. Mientras tanto, el proceso genera incertidumbre entre beneficiarios y trabajadores, aunque el Gobierno ratifica su compromiso con la transparencia y la libre elección dentro del sistema de salud. El futuro del sector dependerá de la capacidad de las entidades para adaptarse a las nuevas exigencias y del impacto de la competencia con las prepagas.