El trámite de los proyectos de ley que aumentan las jubilaciones, extienden la moratoria previsional y declaran la emergencia en discapacidad hasta 2027 permanece demorado en la Cámara de Diputados, mientras el Gobierno de Javier Milei ya anticipó que vetará cualquier iniciativa que implique un mayor gasto fiscal sin financiamiento específico. Las iniciativas, aprobadas la semana pasada en el Senado, fueron giradas a Diputados y esperan la firma de su presidente, Martín Menem, para ser enviadas al Poder Ejecutivo. Hasta que esto ocurra, no comienza a correr el plazo de diez días hábiles que tiene el Presidente para decidir el veto.

Desde el oficialismo, se justifica la demora en la necesidad de revisar los textos y asegurar que todo esté en regla antes de la firma. Sin embargo, fuentes parlamentarias y de la oposición consideran que se trata de una estrategia para ganar tiempo y negociar apoyos que permitan blindar el veto presidencial, especialmente ante la presión de los gobernadores, quienes enviaron a sus legisladores a respaldar los proyectos.

El jefe de Gabinete y otros funcionarios del Gobierno han sido claros: “Una vez que el Gobierno tenga en su poder las leyes que sancionó el Congreso las va a vetar”, afirmaron, argumentando que cualquier aumento de gasto sin financiamiento puede desestabilizar la economía y generar inflación. El aumento jubilatorio aprobado contempla un incremento del 7,2% para todos los beneficiarios, la actualización del bono extraordinario de $70.000 a $110.000 y la extensión de la moratoria previsional vencida en marzo. Por su parte, la emergencia en discapacidad prevé regularización de pagos, auditorías y mayor transparencia en la ejecución presupuestaria.

En caso de que el Congreso rechace el veto presidencial, el Gobierno evalúa recurrir a la Justicia, argumentando que no puede cumplir con leyes que no especifican el origen de los fondos. Mientras tanto, la oposición busca acelerar el tratamiento y podría intentar reunir los votos necesarios para rechazar el veto, aunque en el oficialismo confían en tener el respaldo suficiente para sostenerlo.

El debate se da en un contexto de fuerte tensión fiscal y social, con reclamos por la pérdida de poder adquisitivo y la necesidad de fortalecer la protección social. El desenlace de este conflicto marcará el rumbo de la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos provinciales en los próximos meses.