Un trabajador de mantenimiento del Polo Judicial de Mendoza fue detenido e imputado por sustraer pruebas de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, en un caso que ha generado un fuerte impacto en el ámbito judicial. Walter Alejandro Morán, de 38 años, aprovechaba su acceso al edificio como empleado de una empresa tercerizada de limpieza y mantenimiento para sustraer teléfonos celulares y otros elementos probatorios, según informaron fuentes judiciales.

La investigación, encabezada por la fiscal de Homicidios y Violencia Institucional Andrea Lazo, comenzó a fines del año pasado y se mantuvo en secreto para evitar filtraciones. Recientemente, se realizaron 22 allanamientos en diferentes localidades del Gran Mendoza y el Este provincial, donde se incautaron al menos 40 teléfonos celulares de distintas marcas, algunos aún con fundas o accesorios que los vinculaban a las causas originales. También se halló un cargador que podría ser parte de un arma de fuego, el cual será analizado.

En el domicilio del acusado, ubicado en el barrio Alas Argentinas de Las Heras, se encontraron 11 teléfonos, incluyendo modelos de iPhone, ZTE, Redmi y Samsung. Además, un vecino del acusado quedó bajo investigación por presunto encubrimiento, y decenas de personas fueron citadas como testigos al encontrarse en posesión de celulares presuntamente robados o revendidos por Morán.

El acusado fue imputado por los delitos de sustracción de elementos probatorios y hurto, y enfrenta una posible pena de hasta 7 años de prisión en un juicio abreviado. Según el artículo 255 del Código Penal, "será reprimido con prisión de un mes a cuatro años el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente". Si el autor es el depositario de las pruebas, la pena incluye inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

La investigación descartó la participación de policías encargados de la seguridad del edificio, una de las primeras hipótesis del caso. En cambio, se determinó que Morán actuaba en horarios nocturnos, generalmente de madrugada, para sustraer los elementos probatorios y luego comercializarlos.

El caso ha generado un "cimbronazo" en la Procuración de Mendoza, dado que afecta la confianza en la seguridad de las pruebas judiciales. Fuentes judiciales indicaron que el acusado podría confesar las 23 causas en su contra para obtener una condena reducida. Mientras tanto, las pruebas incautadas serán analizadas para determinar si contienen información sensible o alteraciones.

La comunidad judicial y la sociedad mendocina esperan que se tomen medidas para evitar futuros incidentes similares, mientras el caso sigue bajo investigación y no se descartan nuevas imputaciones.