Las provincias de San Juan y Entre Ríos anunciaron la extensión de los plazos para el pago del impuesto inmobiliario correspondiente al ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de brindar mayores facilidades a los contribuyentes y mitigar el impacto de la inflación en los hogares.

En San Juan, la Dirección General de Rentas informó que la prórroga permitirá a los contribuyentes acceder a beneficios económicos acumulables, como descuentos por pago puntual y la posibilidad de abonar el impuesto en hasta seis cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito del Banco San Juan. Los pagos pueden realizarse tanto de manera digital, a través del sitio oficial de Rentas, como presencialmente en las oficinas del organismo. "Estas medidas buscan facilitar el acceso a modalidades de pago más ágiles, promover el uso de herramientas digitales y fortalecer una cultura tributaria basada en la responsabilidad y el cumplimiento", destacó el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda provincial.

Por su parte, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) extendió el vencimiento del impuesto inmobiliario urbano al 25 y 26 de febrero de 2026, tras una falla técnica en el sistema de liquidación de tributos. Además, se estableció un tope de actualización del impuesto del 30%, por debajo de la inflación registrada en 2025 (31,5%), beneficiando a más del 85% de los hogares de la provincia. El esquema fiscal, impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, busca evitar que la inflación se traslade automáticamente a la boleta y distribuir el esfuerzo tributario con mayor equidad. "El sistema es progresivo y gradual y sostiene un criterio de equilibrio donde quienes menos tienen, menos aportan", señalaron desde ATER.

Ambas provincias mantienen incentivos para los contribuyentes cumplidores, permitiendo descuentos acumulables de hasta un 25% en Entre Ríos. El Estado provincial dejará de percibir más de 55 mil millones de pesos en topes, descuentos y beneficios, en un esfuerzo por corregir inequidades históricas y proteger a los sectores más vulnerables.

Las medidas adoptadas reflejan una tendencia hacia la modernización de la gestión tributaria, con la promoción de medios digitales y la atención presencial, y marcan un precedente en la búsqueda de mayor justicia fiscal en el contexto de alta inflación que atraviesa el país.