Un caso de abuso sexual grupal ocurrido en la localidad de Villa Ana, en el norte de la provincia de Santa Fe, ha generado conmoción tanto en la región como a nivel nacional. Cinco camioneros fueron detenidos tras ser acusados de atacar sexualmente a un compañero de trabajo en un camino rural, filmar el hecho y amenazarlo con un arma blanca.

El ataque tuvo lugar el 24 de enero, cuando la víctima, que se encontraba en la zona por motivos laborales relacionados con la cosecha, fue interceptada por cinco compañeros de trabajo. Según la denuncia presentada el 27 de enero ante la Fiscalía Nº4, los agresores lo obligaron a descender del camión bajo amenazas con un cuchillo, lo redujeron y lo sometieron a un abuso sexual grupal. Durante el ataque, los imputados grabaron la agresión con un teléfono celular y amenazaron a la víctima con cortarle los genitales si denunciaba lo ocurrido.

El video del ataque fue secuestrado por la Justicia y se convirtió en una de las pruebas centrales de la causa. La jueza penal Natalia Palud ordenó la detención de los cinco acusados, identificados como Diego Mauri, Diego Bogadín, Jorge Spessot, Enrique Silvero y Mariano Benítez. Cuatro de ellos permanecen bajo prisión preventiva, mientras que el quinto continúa el proceso en libertad bajo estrictas condiciones judiciales.

La investigación estuvo inicialmente a cargo de la fiscal Elisabeth Aguirre, luego pasó a Valentín Herenú para las imputaciones y actualmente está bajo la órbita del fiscal Norberto Ríos. Los imputados intentaron minimizar el hecho, argumentando que se trató de “un chiste”, versión que fue descartada de plano por la fiscalía ante la contundencia de las pruebas y el relato de la víctima.

El caso fue caratulado como “abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado por la cantidad de participantes y el uso de arma blanca”, una figura penal que contempla penas elevadas. El hecho ha puesto en agenda la problemática de la violencia sexual en contextos laborales rurales, donde el aislamiento y las relaciones de poder pueden dificultar la denuncia y la protección de las víctimas. La Justicia continúa con la recolección de pruebas y testimonios para avanzar en la consolidación de la acusación.