El Gobierno nacional repudió el fallo que repuso el asueto por el Día del Trabajador del Estado
• Justicia laboral suspende eliminación del asueto por el Día del Trabajador del Estado • Gobierno nacional apelará la medida • Polémica por "privilegios" en el sector público #Argentina #Política #EmpleoPúblico



La Justicia laboral dictó una medida cautelar que suspende el decreto presidencial que eliminaba el asueto por el Día del Trabajador del Estado, generando una fuerte controversia entre el Gobierno nacional y los trabajadores estatales. La resolución, firmada por la jueza Moira Fullana tras la presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), restablece el beneficio para los empleados públicos representados por ese gremio, aunque no para la totalidad del sector.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó el rechazo oficial a la decisión judicial y anunció que el Gobierno apelará la medida. "La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios", afirmó Adorni en redes sociales, cuestionando además la competencia de la magistrada. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también criticó el fallo y lo consideró un ejemplo de desigualdad entre trabajadores públicos y privados.
El asueto del 27 de junio, establecido por la Ley 26.876 en 2013, conmemora la adopción del Convenio 151 de la OIT, que reconoce derechos laborales en la administración pública. El reciente DNU del Ejecutivo buscaba eliminar este beneficio, argumentando la necesidad de igualar condiciones laborales y reducir privilegios en el sector estatal. Sin embargo, la cautelar judicial limita el alcance de la medida oficial y reaviva el debate sobre los derechos adquiridos y la reforma del empleo público.
Dirigentes políticos y sindicales han manifestado posturas encontradas. Mientras el oficialismo insiste en la revisión de los beneficios sectoriales, representantes de ATE y otros gremios defienden el asueto como una conquista histórica. El conflicto, que ahora se traslada a la instancia de apelación, refleja la tensión entre la política de austeridad estatal y la protección de derechos laborales, en un contexto de reformas impulsadas por el Gobierno nacional. El desenlace de este proceso podría sentar precedentes para futuras discusiones sobre el empleo público en Argentina.
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