El escándalo por la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha desatado una fuerte controversia política en el Gobierno argentino. Los audios, que sugieren presuntas coimas en la compra de medicamentos, han puesto en el centro de la escena a la diputada Marcela Pagano, quien responsabilizó públicamente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, por la difusión de las grabaciones.

Pagano, recientemente escindida del bloque oficialista La Libertad Avanza, realizó un pedido de informes en el Congreso sobre la presencia de agentes de inteligencia en la Jefatura de Gabinete, mencionando a Vila y otros funcionarios. En declaraciones a la prensa y en redes sociales, la diputada sostuvo que existe una "guerra de espionaje" dentro del Gobierno y que la filtración responde a internas políticas y disputas de poder. "Francos es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen nota del nombre, por si en unas semanas vuela Caputo de la SIDE... recuerden el nombre de José Luis Vila", afirmó Pagano.

Por su parte, Vila negó terminantemente cualquier vinculación con la filtración de los audios y defendió la transparencia de su gestión. "No conozco al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y tengo la absoluta certeza de que ninguno de los funcionarios a mi cargo haya tenido intervención en ese tema", declaró. Vila también aclaró que la Secretaría de Asuntos Estratégicos no realiza actividades operativas de inteligencia ni maneja fondos reservados, y que su dotación está compuesta por expertos académicos y profesionales de carrera.

El desplazado Spagnuolo se puso a disposición de la Justicia y designó abogado en la causa que investiga los presuntos sobornos, mientras la investigación judicial avanza sobre posibles nexos entre la droguería Suizo Argentina y funcionarios cercanos a Karina Milei y Lule Menem. El cruce entre Pagano y la diputada Lilia Lemoine en el Congreso evidenció la tensión interna en el oficialismo, en un contexto de crisis de gobernabilidad y reclamos por mayor transparencia.

Periodistas y analistas han advertido sobre los riesgos institucionales que implica la conformación de estructuras de inteligencia fuera de los organismos habilitados por ley, y sobre el impacto que el escándalo puede tener en la estabilidad política. Pagano, por su parte, insiste en la necesidad de cuidar al Presidente y reclama un cambio de gabinete y una gestión más inclusiva. El Gobierno, en tanto, sostiene que la filtración es parte de un ataque desestabilizador y defiende la idoneidad de sus funcionarios.

El caso reaviva el debate sobre el control y la transparencia de los servicios de inteligencia en Argentina, en medio de una crisis política que pone en jaque la gobernabilidad y la confianza pública en las instituciones.