La muerte de un joven soldado en la Quinta de Olivos encendió las alarmas en el Gobierno y puso en el centro del debate la seguridad presidencial y las condiciones de vida de los efectivos militares. Rodrigo Gómez, de 21 años, fue hallado sin vida en su puesto de guardia dentro de la residencia oficial del presidente Javier Milei, en la madrugada del 16 de diciembre. Junto al cuerpo se encontró una carta de despedida en la que el soldado hacía referencia a problemas económicos, según confirmaron fuentes judiciales y del Ministerio de Defensa.

El hecho, que ocurrió entre las 5:15 y 5:30 de la mañana, fue descubierto por un compañero que notó la ausencia de reportes de Gómez. Inmediatamente se activó el protocolo de emergencia y se convocó a personal médico, que constató el fallecimiento. La investigación, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, continúa en curso y todas las hipótesis permanecen abiertas, aunque la principal apunta a un suicidio motivado por dificultades financieras.

El caso generó preocupación en la Casa Rosada y en el Ministerio de Defensa, donde se evalúan medidas para reforzar los controles psicológicos y mejorar las condiciones laborales de los soldados. "La seguridad del Presidente es un tema de Estado y lo que pasó también adquirió esa magnitud", reconoció un funcionario. Entre las opciones en estudio figuran un aumento salarial y un acompañamiento psicológico más cercano para el personal militar, especialmente aquellos que cumplen funciones de custodia en entornos sensibles.

El episodio se suma a otras bajas recientes en las Fuerzas Armadas, muchas de ellas atribuidas a bajos salarios y problemas de salud mental. Desde 2023, se implementaron algunas mejoras en alojamiento y alimentación para los soldados, pero persisten los reclamos por una recomposición salarial y una mejor cobertura de salud. Familiares del soldado pidieron respeto en el tratamiento mediático del caso y manifestaron desconocer detalles sobre la situación económica de la víctima.

El nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, enfrenta el desafío de atender los reclamos del sector y garantizar la seguridad presidencial, en un contexto de creciente preocupación por el bienestar de los efectivos. El Gobierno prometió un enfoque integral que combine aspectos operativos, sanitarios y económicos, mientras la investigación judicial avanza para esclarecer las circunstancias del hecho.