El juicio por el asesinato de Fernando "Lechuga" Pérez Algaba, empresario y trader de criptomonedas, comenzó este lunes en los Tribunales de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Tres acusados principales, Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil, enfrentan cargos por homicidio triplemente agravado por alevosía, codicia y premeditación, en un proceso que se desarrolla bajo la modalidad de jurado popular.

Según la investigación, el crimen ocurrió entre la tarde del 18 y la madrugada del 19 de julio de 2023, cuando Pérez Algaba fue atraído al predio "Renacer" en General Rodríguez con la promesa de cobrar una deuda millonaria. Allí, la víctima recibió dos disparos por la espalda mientras se encontraba en estado de indefensión. Posteriormente, su cuerpo fue descuartizado y los restos distribuidos en bolsas, una valija y una mochila, para ser arrojados en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge. Los primeros restos fueron hallados por niños que jugaban en la zona días después del crimen.

La fiscalía sostiene que el móvil principal fue la codicia, ya que los acusados buscaban evitar el pago de una deuda de entre 20.000 y 200.000 dólares relacionada con operaciones inmobiliarias. "El asesinato fue planificado para obtener un beneficio económico y eludir compromisos asumidos", afirmó la fiscal Marcela Dimundo. Las pruebas presentadas incluyen registros de telefonía celular, imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de allegados a la víctima.

Durante la instrucción, Pilepich y Vargas se acusaron mutuamente de haber efectuado los disparos, mientras que Gil fue señalado por su participación en el traslado de documentos y la logística del crimen. Otros implicados, entre ellos un excomisario y una gestora, serán juzgados en procesos separados. Una joven trans, inicialmente sospechada por la propiedad de la valija donde se hallaron restos, fue sobreseída tras comprobarse su ajenidad al hecho.

El juicio, que se prevé se extienda hasta el 8 o 9 de julio, es seguido de cerca por la opinión pública y familiares de la víctima, quienes reclaman justicia. El veredicto del jurado popular requerirá unanimidad para una condena. El caso ha generado un fuerte debate sobre la seguridad y la violencia vinculada a disputas económicas en el país.