La Justicia Federal de Tucumán investiga al jefe de la División Investigaciones de ARCA (ex AFIP), Mario Martínez Salazar Pérez, por presunta operación de una cueva financiera ilegal junto a su familia, ubicada a escasos 300 metros de su oficina en el centro de San Miguel de Tucumán. El expediente judicial, respaldado por videos, audios y documentos, revela un sofisticado sistema de seguridad y acceso restringido por recomendación, donde se realizaban operaciones de compraventa de dólares en negro, descuento de cheques, transacciones con criptomonedas y préstamos usurarios, además de presunto lavado de activos.

La denuncia, presentada en octubre y ampliada en noviembre de este año, involucra directamente a la esposa del funcionario, Josefina Parada Pareja, quien fue registrada operando con una máquina contadora de billetes, y a su hijo Jerónimo Martínez Parada, procesado previamente por lavado de activos en la megaestafa piramidal de RT Inversiones en Catamarca. El material audiovisual aportado muestra el modus operandi de la organización, con un portero que filtra el acceso, requisas de seguridad y registros de datos de los clientes.

El caso adquiere mayor gravedad por los antecedentes familiares y los vínculos políticos. Jerónimo Martínez Parada fue detenido en 2022 tras estafar a más de 60.000 personas en Catamarca, y la Cámara Federal de Tucumán confirmó su procesamiento. El camarista federal Fernando Poviña, quien comparte actividades políticas y sociales con Martínez Salazar, intervino en la liberación de Jerónimo mientras ambos realizaban campaña electoral para el Club Atlético Tucumán. Esta relación ha generado cuestionamientos éticos sobre la imparcialidad judicial y el tráfico de influencias.

La investigación también alcanza a otros familiares y socios, incluyendo un golfista tucumano condenado por homicidio culposo, y expone una trama de impunidad y corrupción institucional en la provincia. La sociedad tucumana ha manifestado su preocupación por la falta de acción judicial y la protección de los implicados debido a sus conexiones políticas. Ana Victoria Salomón, hermana de una víctima vinculada a la familia, denunció públicamente la inacción de la Justicia por influencias políticas.

El denunciante solicita una investigación urgente de todos los involucrados, mientras la causa sigue bajo la órbita de la Fiscalía Federal N°1 de Tucumán. El caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las instituciones públicas para evitar la repetición de hechos similares en el futuro.