La Universidad de Buenos Aires (UBA) enfrenta un caso de estafa millonaria que ha generado conmoción en el ámbito académico y financiero. Más de 1.591 millones de pesos fueron desviados de las cuentas de las facultades de Derecho y Odontología en el Banco Nación mediante transferencias fraudulentas realizadas en septiembre de 2024. La maniobra, que involucró el uso de correos electrónicos apócrifos y un sistema conocido como transferencias MEP (Medio Electrónico de Pago), está siendo investigada por la justicia federal.

El fiscal Eduardo Taiano y el juez Sebastián Ramos lideran la investigación, que ya cuenta con cuatro detenidos y 17 imputados. Según las autoridades, los responsables utilizaron una dirección de correo electrónico falsa, "[email protected]", para enviar órdenes de transferencia que no cumplían con los requisitos de seguridad, como la presentación física de formularios firmados. El dinero fue transferido a cuentas de personas físicas y jurídicas inexistentes.

Matías Ruiz, Secretario de Hacienda de la UBA, explicó que la universidad detectó el fraude al revisar sus cuentas y presentó una denuncia penal. "La estafa no fue a la UBA sino al Banco Nación. Estamos pidiendo que la causa judicial avance para que se restituya la plata", afirmó Ruiz. También señaló que la Facultad de Odontología sufrió un impacto mayor, ya que los fondos estaban destinados a un proyecto de investigación y atención hospitalaria.

El Banco Nación, que también presentó una denuncia, es parte querellante en la causa. La entidad bancaria está bajo escrutinio por no haber verificado adecuadamente las órdenes de transferencia. Según los investigadores, las transferencias debían haberse gestionado de manera presencial con formularios físicos firmados por los responsables de las cuentas, un procedimiento que fue omitido.

Las facultades afectadas han implementado medidas de seguridad más estrictas mientras esperan la recuperación de los fondos. La comunidad académica y las autoridades de la UBA esperan que la justicia avance rápidamente para sancionar a los responsables y restituir el dinero sustraído.

Este caso se suma a un contexto de tensiones presupuestarias en las universidades argentinas, aunque no está relacionado con otras acusaciones de irregularidades financieras. La expectativa institucional es que el proceso judicial derive en una pronta recuperación del dinero y en sanciones para los responsables de la estafa.