La Policía de Investigaciones (PDI) realizó este viernes un allanamiento en una constructora ubicada en bulevar Gálvez al 1400, en la ciudad de Santa Fe, como parte de una investigación por presuntas estafas y defraudaciones inmobiliarias. El operativo, ordenado por la fiscal Bárbara Ilera de la Sección Criminalidad Económica de la Fiscalía de Delitos Complejos, tuvo como objetivo secuestrar elementos vinculados a la causa, entre ellos celulares, computadoras y documentos.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un grupo de inversores inmobiliarios, quienes acusan a la firma de haber realizado un mega fraude mediante la venta de departamentos que ya estaban comprometidos contractualmente a otros beneficiarios. Además, señalan que la empresa dejó inconclusas tres obras y nunca comenzó otras dos, a pesar de haber recibido fondos para su ejecución. Uno de los casos más notorios es el de un edificio de veinte pisos cuya entrega estaba prevista para 2020, pero que actualmente permanece con apenas la mitad de avance y sin actividad en el obrador.

El procedimiento también incluyó el allanamiento de un domicilio particular perteneciente a una responsable de la firma, donde los investigadores buscaron documentación relevante para la causa. La denuncia penal fue admitida por la Fiscalía de Delitos Complejos, que ahora busca determinar si existió responsabilidad penal por parte de la empresa o si corresponde la intervención de otro fuero judicial.

Según fuentes cercanas a la causa, hasta el momento se contabilizan más de 20 damnificados, aunque no se descarta que puedan aparecer más víctimas a medida que avance la investigación. La denuncia también apunta a un supuesto vaciamiento del fideicomiso, a través de retiros de materiales de construcción en algunos de los proyectos inmobiliarios.

El caso se suma a una serie de denuncias por fraudes inmobiliarios en la región, lo que ha generado preocupación entre los inversores y beneficiarios de los proyectos afectados. Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras los damnificados esperan respuestas de la Justicia y la posibilidad de recuperar sus inversiones.