Un conductor de la aplicación de viajes Didi, identificado como Marcelo L., fue imputado en la ciudad de Santa Fe por el delito de privación ilegítima de la libertad contra una adolescente de 16 años. El incidente ocurrió el pasado 24 de abril, cuando la menor solicitó un viaje desde el barrio La Vuelta del Paraguayo hasta su escuela. Según la fiscalía, el conductor desvió intencionalmente el recorrido, circuló por calles en contramano y realizó comentarios incómodos con presunta intención de seducción.

La denuncia fue radicada por el padre de la víctima, quien también grabó una conversación con el acusado. En dicha grabación, Marcelo L. habría minimizado los hechos y ofrecido una compensación económica. Posteriormente, el imputado fue detenido en su domicilio, donde se incautó su teléfono móvil para análisis. Sin embargo, el vehículo utilizado en el incidente aún no ha sido localizado.

Durante la audiencia, la jueza Rosana Carrara dictó prisión preventiva por 30 días, argumentando riesgo de fuga y posible entorpecimiento probatorio. La fiscal María Laura Martí subrayó que la conducta del imputado tuvo como objetivo privar ilegítimamente de la libertad a la menor, y destacó la importancia de la entrevista en cámara Gesell, programada para los próximos días.

La defensa del acusado, a cargo de los abogados Agustín Márquez y Rodrigo Gálvez, argumentó que el cambio de trayecto se debió a calles cortadas y solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva, las cuales fueron rechazadas. La jueza consideró que existía un "temor cierto y concreto" por parte de la víctima, justificando la medida cautelar.

El caso ha generado preocupación en la comunidad, especialmente en relación con la seguridad en servicios de transporte por aplicaciones. Organizaciones de derechos de las mujeres han expresado su alarma y han pedido mayores controles sobre los conductores de estas plataformas. Mientras tanto, la menor y su familia se encuentran bajo medidas de protección debido al impacto psicológico del incidente.

El delito de privación ilegítima de la libertad contempla penas de 6 meses a 3 años, pero la fiscalía busca una condena de cumplimiento efectivo debido a la gravedad del caso. Este incidente pone nuevamente en debate la seguridad en los servicios de transporte por aplicaciones y la necesidad de regulaciones más estrictas.