La justicia de Rosario dictó condenas ejemplares contra una célula narco que operaba desde el interior de la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero, vinculada a la banda "Los Monos". Brandon Paulo Aramburu, quien se desempeñaba como delegado del pabellón 6, recibió una pena unificada de 17 años de prisión por comercialización de estupefacientes y asociación ilícita, tras comprobarse que había montado una red de distribución de drogas dentro del penal.

La investigación, liderada por el fiscal Franco Carbone, reveló que Aramburu organizaba el ingreso semanal de aproximadamente 100 gramos de cocaína y 100 de marihuana, utilizando mujeres embarazadas como visitantes para sortear los controles de seguridad. Una vez dentro, la droga era fraccionada y vendida a los internos, quienes realizaban los pagos mediante transferencias bancarias a cuentas virtuales de la pareja de Aramburu, Celeste Barjollo. En un año y medio, Barjollo recibió más de 1.000 transferencias por un total superior a 14 millones de pesos, lo que evidenció la magnitud de la operatoria.

Además de Aramburu, otros miembros de la organización recibieron condenas por asociación ilícita, amenazas y abuso de armas. Luna Segovia fue sentenciada a 3 años y 9 meses de prisión, Nahuel Chávez a 4 años y 2 meses, y Javier Ortiz a 3 años y 6 meses, todos por su participación en ataques armados y maniobras intimidatorias en distintos barrios de Rosario. La banda, liderada por Gastón Schneider desde la cárcel, mantenía una estructura organizada que permitía la ejecución de delitos tanto dentro como fuera del penal.

El procedimiento judicial se realizó bajo la modalidad de juicio abreviado, con la aceptación de los cargos por parte de los acusados y la presentación de pruebas documentales, como movimientos bancarios y testimonios reservados de internos. Sin embargo, la investigación no profundizó en la posible complicidad de personal penitenciario, a pesar de que la red operaba a la vista de las autoridades.

Este caso pone de manifiesto la capacidad de las organizaciones criminales para adaptarse y operar desde contextos de reclusión, utilizando tecnología y redes familiares para el lavado de dinero y la coordinación de actividades ilícitas. La justicia local reconoció la dificultad para desarticular completamente estas estructuras y subrayó la necesidad de fortalecer los controles en el sistema penitenciario. El impacto de estas condenas se extiende más allá del penal, afectando la seguridad en los barrios rosarinos y evidenciando la persistencia de la violencia asociada al narcotráfico.