Procesaron sin prisión preventiva al joven acusado de arrojarle piedras al presidente Milei
• Procesaron sin prisión preventiva a Thiago Florentín, acusado de arrojar piedras al presidente Milei en Lomas de Zamora. • El joven deberá cumplir normas de conducta y enfrenta un embargo de $1 millón. • El caso genera debate político y social.


Thiago Florentín, un joven de 22 años y militante del Movimiento Teresa Rodríguez, fue procesado sin prisión preventiva tras ser acusado de arrojar piedras al presidente Javier Milei durante una caravana en Lomas de Zamora. El juez federal Luis Armella dictó el procesamiento por los delitos de atentado contra la autoridad e incitación a la violencia, aunque no se logró probar que Florentín haya arrojado la piedra que impactó en la comitiva presidencial ni que existiera un ataque planificado. Como parte de las medidas, Florentín deberá cumplir normas de conducta, presentarse periódicamente ante la policía y enfrenta un embargo de un millón de pesos.
El incidente ocurrió el 27 de agosto, cuando Milei, su hermana Karina y el diputado José Luis Espert encabezaban una caravana en Lomas de Zamora. Durante el recorrido, manifestantes arrojaron objetos al vehículo presidencial, lo que obligó a evacuar al mandatario y su comitiva. "En un momento, cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. Se puso muy violento y, por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento", relató Espert.
Florentín fue detenido en el lugar y trasladado al penal de Marcos Paz, donde permaneció nueve días hasta su liberación. Su defensa sostiene que solo participaba de la protesta y niega haber cometido actos violentos. Organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron persecución política y exigieron su liberación, realizando movilizaciones y conferencias de prensa.
El gobierno, por su parte, responsabilizó a sectores opositores, especialmente al kirchnerismo, por el ataque. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que "el kirchnerismo organizó un ataque al Presidente, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar". La investigación judicial continúa, con revisión de cámaras de seguridad y testimonios para determinar la responsabilidad de los involucrados. El caso ha reavivado el debate sobre la criminalización de la protesta social y la polarización política en el país.
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