La filtración de una serie de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha generado una fuerte conmoción en el ámbito político argentino. En los audios, Spagnuolo describe un presunto mecanismo de recaudación ilegal que involucra exigencias de aportes económicos a laboratorios farmacéuticos para garantizarles contratos con el Estado. Según lo revelado, los fondos recaudados serían distribuidos entre funcionarios y familiares cercanos al presidente Javier Milei, incluyendo a su hermana Karina Milei y a Martín "Lule" Menem, asesor presidencial.

La denuncia toma especial relevancia por la magnitud de los montos involucrados, que según las fuentes alcanzarían entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales. La droguería Suizo Argentina aparece mencionada como la empresa intermediaria encargada de ejecutar los contratos y recaudar los retornos, estimados en un 8% de los negocios realizados. Spagnuolo, en los audios difundidos por el canal de stream Carnaval y el periodista Mauro Federico, afirma haber consultado directamente con el presidente Milei sobre la situación, negando la participación directa del mandatario pero señalando la implicancia de su entorno más cercano.

El escándalo se produce en un contexto de creciente tensión política, coincidiendo con el debate legislativo sobre el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. Diputados opositores, como Leandro Santoro y Christian Castillo, han exigido explicaciones públicas y la realización de una auditoría independiente sobre el funcionamiento de ANDIS. "Estamos frente a un acto verdaderamente insólito", expresó Santoro en el recinto, reclamando que el director nacional de la agencia desmienta o confirme la veracidad de los audios.

Las denuncias de corrupción en la compra de medicamentos por parte de ANDIS no son nuevas. En 2024, investigaciones periodísticas ya habían señalado compras millonarias a empresas vinculadas a Menem. Spagnuolo, quien asumió la dirección del organismo en enero de 2024 sin experiencia previa en el área, ha sido objeto de críticas por despidos masivos y auditorías controvertidas.

Hasta el momento, ni el Gobierno ni los funcionarios implicados han emitido declaraciones oficiales sobre el asunto. La falta de respuestas refuerza las demandas de transparencia y profundiza las tensiones internas en la administración Milei, en medio de crecientes denuncias de corrupción y recaudación ilegal en áreas sensibles como la salud pública.