La causa por la estafa con la criptomoneda $Libra avanza en la justicia de Estados Unidos y suma nuevas implicaciones para el gobierno argentino. Demandantes en Nueva York acusan al presidente Javier Milei de haber realizado una "declaración promocional altamente engañosa" que otorgó legitimidad y apariencia de respaldo oficial al proyecto, facilitando lo que consideran un fraude multimillonario.

Según la presentación judicial, la promoción de $Libra por parte de Milei, realizada el 14 de febrero en sus redes sociales, fue "estratégicamente planificada" y provocó que decenas de miles de inversores confiaran en el activo digital. Tras el aumento de la demanda, los principales tenedores vendieron sus posiciones, lo que llevó al colapso del valor de la criptomoneda y dejó a miles de damnificados en todo el mundo.

La demanda colectiva, impulsada por el estudio Burwick Law, solicita a la jueza federal Jennifer Rochon que se mantenga el congelamiento de más de 57 millones de dólares en billeteras virtuales de los principales acusados, entre ellos Hayden Davis y la empresa Kelsier Ventures. Además, por primera vez, la hermana del presidente, Karina Milei, es mencionada en el expediente como la funcionaria que habría autorizado el ingreso de Davis a la Casa Rosada, aunque no figura como acusada formalmente.

Los abogados de las víctimas piden que el caso sea juzgado bajo la Ley RICO, que contempla penas agravadas para delitos de crimen organizado. El apellido Milei aparece más de 50 veces en el texto judicial, que también señala la participación de la plataforma Meteora y su cofundador Benjamin Chow.

En Argentina, la investigación judicial avanza con lentitud. La unidad especial creada para investigar el caso fue eliminada por decreto presidencial y la comisión investigadora en el Congreso permanece bloqueada por legisladores oficialistas. Mientras tanto, los damnificados locales buscan que el avance de la causa en Estados Unidos presione a la justicia argentina para actuar con mayor celeridad.

El caso $Libra pone en evidencia los riesgos de la promoción de activos digitales por figuras políticas y la necesidad de regulaciones más estrictas para proteger a los inversores. El desenlace judicial en Estados Unidos podría tener repercusiones significativas tanto en el ámbito político como en el financiero argentino.