Una suboficial de la Policía de Santa Fe, identificada como Luna María R., fue detenida este lunes en Rosario bajo sospecha de filtrar información confidencial del sistema de videovigilancia del 911 a su pareja, Kevin Ramos, un recluso de la cárcel de Piñero con antecedentes por delitos violentos. La detención fue ordenada por el fiscal Ramiro González Raggio y llevada a cabo por la División de Asuntos Internos.

Según la investigación, la agente habría proporcionado datos sobre el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia para facilitar la comisión de delitos. Ramos, quien cumple condena por su participación en un ataque a tiros contra un colectivo en septiembre de 2023, habría utilizado esta información para evitar ser detectado. El ataque, ocurrido en el barrio Tablada de Rosario, dejó cinco impactos de bala en el vehículo, aunque no se registraron heridos.

El caso también involucra a otros miembros de la familia de la suboficial. Su hermano, Nicolás R., será imputado por participar en una balacera contra la vivienda de una mujer que había denunciado actividades de narcotráfico. Este hecho ocurrió el 7 de mayo pasado en el mismo barrio.

Durante el allanamiento en el domicilio de la agente, se incautaron teléfonos celulares y un pendrive que podrían contener información clave para la investigación. Además, se le notificaron cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de secreto y omisión de denuncia.

El ataque al colectivo fue instigado, según la teoría del caso, por Carlos "Pelo Duro" Fernández, un líder narco detenido en la cárcel de Coronda. Otros implicados incluyen a un menor de 16 años, apodado "Soretito", quien habría disparado contra el vehículo por una suma de 50 mil pesos, y a Damaris Betania Fernández y Brandon Moreyra, considerados partícipes.

Este caso ha generado preocupación entre las autoridades de seguridad por la posible infiltración de redes delictivas en instituciones estatales. La suboficial, quien estaba de licencia por maternidad al momento de los hechos, tenía acceso a información estratégica en su rol en el Centro de Monitoreo del 911.

El fiscal González Raggio continúa investigando posibles complicidades internas y otras filtraciones de información. Este caso podría derivar en reformas para fortalecer los controles internos en las fuerzas de seguridad, mientras la sociedad reacciona con indignación ante la complicidad entre agentes del Estado y redes delictivas.