En un operativo de gran envergadura, la Policía Federal Argentina detuvo a Jorge Castillo, conocido como "El Rey de La Salada", junto a varios de sus socios y familiares. La acción, que incluyó más de 60 allanamientos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, fue el resultado de una investigación liderada por la fiscal Cecilia Incardona, quien acusa a Castillo de asociación ilícita, lavado de dinero y evasión fiscal.

La feria La Salada, ubicada en Lomas de Zamora, es considerada la más grande de su tipo en Latinoamérica, con más de 7,000 puestos de venta. Según la investigación, el esquema liderado por Castillo habría movido más de $34 mil millones en cuatro años a través de un entramado de 89 sociedades comerciales. Este dinero era blanqueado mediante cuentas bancarias, empresas pantalla y la compra de bienes de lujo.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 62 vehículos de alta gama, documentos financieros, computadoras y teléfonos que serán peritados. Entre los detenidos se encuentran la esposa y la suegra de Castillo, mientras que uno de sus principales socios sigue prófugo. Además, el hijo de Castillo, Manuel, se entregó voluntariamente a las autoridades.

La feria La Salada ha sido señalada como un nodo de actividad ilícita a nivel internacional. Un informe de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos la incluye en su lista de mercados notorios por la venta de productos falsificados. Según el documento, la depreciación del peso argentino ha incrementado el atractivo de la feria para compradores de países vecinos como Brasil y Uruguay.

No es la primera vez que Castillo enfrenta a la justicia. En 2017, fue detenido en su mansión de Luján por delitos similares, aunque posteriormente obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria. En esta ocasión, las autoridades esperan que las pruebas recabadas, incluidas escuchas telefónicas y registros contables, sean suficientes para llevar a juicio a los implicados.

El caso pone de relieve la magnitud del comercio informal en Argentina y sus vínculos con el crimen organizado. Aunque las autoridades celebran el operativo como un avance significativo, expertos advierten que el desmantelamiento de estas redes requiere un enfoque integral que aborde tanto las causas económicas como sociales del problema.