Deniro Hamburguesería, la cadena argentina que se hizo famosa por su hamburguesa de entraña y su rápida expansión a través de franquicias, fue declarada en quiebra por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°27. La decisión, tomada por la jueza María Virginia Villarroel, responde a una serie de denuncias de estafa, problemas legales y deudas millonarias acumuladas por la empresa en los últimos años.

Fundada en 2007 por Nicolás Sánchez y Esteban Siderakis, Deniro logró posicionarse como una de las principales cadenas del país, diferenciándose por el uso de entraña en sus hamburguesas y una estrategia de expansión hacia barrios y provincias fuera de los polos gastronómicos tradicionales. Sin embargo, el modelo de franquicias, que prometía alta rentabilidad y rápida recuperación de la inversión, fue objeto de múltiples denuncias por parte de franquiciados y proveedores. Según los denunciantes, la empresa vendía franquicias a precios elevados en dólares, pero luego incumplía con el soporte y los costos pactados, dejando a muchos en situación de deuda.

La situación se agravó con la emisión de cheques sin fondos por montos que, según algunas fuentes, alcanzaron los $150 millones. Además, la planta de producción centralizada en Mataderos fue clausurada en varias ocasiones por la Agencia Gubernamental de Control y la Fiscalía N°38 debido a irregularidades, aunque la empresa habría continuado operando ilegalmente tras las sanciones.

La jueza Villarroel ordenó la entrega inmediata de todos los bienes de la empresa al síndico designado, Juan Manuel Ausa, y prohibió a Deniro recibir pagos. También intimó a los propietarios a constituir domicilio en la jurisdicción del tribunal. Los acreedores tienen plazo hasta marzo de 2026 para presentar sus créditos, mientras que el síndico deberá presentar informes en abril y junio del mismo año.

El caso de Deniro refleja las dificultades y riesgos del sector gastronómico argentino, especialmente en el contexto de modelos de franquicia y promesas de alta rentabilidad. El futuro de los locales, empleados y franquiciados de la cadena permanece incierto, a la espera de la resolución judicial y de posibles acciones legales adicionales.