El Gobierno argentino ha comenzado a pagar las indemnizaciones pendientes por las explosiones ocurridas en la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995, un atentado que dejó siete muertos, cientos de heridos y barrios enteros devastados. Este proceso llega casi 30 años después del trágico evento, que fue calificado como un atentado intencional para encubrir maniobras de venta ilegal de armas por parte del Estado argentino entre 1991 y 1995.

Según el abogado Mario Ponce, quien representa a la mayoría de los damnificados, los primeros pagos ya se han realizado. Diez personas han recibido bonos del Estado por un valor superior a los 8 millones de pesos cada uno, aunque el monto final depende de la cotización diaria de los bonos. Ponce también confirmó que se han recibido mil formularios adicionales, lo que indica que más damnificados están próximos a cobrar.

Las indemnizaciones se realizan en el marco de la ley 27.179, sancionada en 2015 y reglamentada en 2018, que estableció un mecanismo administrativo para resolver las demandas judiciales contra el Estado. Sin embargo, la implementación de esta ley se retrasó durante años, dejando a miles de afectados en la incertidumbre. En total, se estima que más de 8,000 personas recibirán estos pagos, con un costo total que podría superar los 65 mil millones de pesos.

Las explosiones de 1995 marcaron un antes y un después en la ciudad de Río Tercero. Además de las pérdidas humanas y materiales, el evento dejó una profunda herida en la comunidad. En los años posteriores, el Estado pagó indemnizaciones por muertes y daños materiales, pero miles de casos por daño moral quedaron pendientes. La reciente decisión de la [Cámara Federal de Córdoba](/entities/entity_1744826388060_70) de acordar la modalidad de resarcimiento permitió desbloquear el proceso.

"El Estado está cumpliendo, aunque con demoras", señaló Ponce, quien también destacó que muchos de los damnificados originales ya han fallecido, dejando a sus herederos el derecho al cobro. Este avance es visto como un paso hacia la justicia, aunque también pone en evidencia la lentitud del sistema judicial y administrativo en casos de esta magnitud.

A medida que se cumplen 30 años de las explosiones, el inicio de los pagos representa un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. Sin embargo, el proceso aún enfrenta desafíos, y queda por ver cuánto tiempo tomará completar las indemnizaciones para todos los afectados.