Un camionero fue víctima de un brutal abuso sexual grupal en un camino rural de Villa Ana, en el norte de Santa Fe, durante la temporada de cosecha. El hecho, ocurrido el 24 de enero, involucra a cinco peones rurales que trabajaban junto a la víctima y que, según la investigación, lo interceptaron, amenazaron con un arma blanca y lo sometieron a un ataque sexual colectivo, mientras grababan la agresión con un teléfono celular.

La denuncia fue presentada por la víctima tres días después del ataque, permitiendo la identificación de los agresores, todos compañeros de trabajo en el mismo establecimiento rural. "Me amenazaron con cortarme los genitales si denunciaba", relató el camionero ante la fiscalía, según consta en el expediente judicial. El video del ataque fue recuperado por los investigadores y se convirtió en una de las pruebas centrales de la causa.

La investigación fue iniciada por la fiscal Elisabeth Aguirre, quien ordenó la detención de los cinco acusados: Diego Mauri, Diego Bogadín, Jorge Spessot, Enrique Silvero y Mariano Benítez. Cuatro de ellos fueron arrestados el 28 de enero y el quinto el 1 de febrero. Todos fueron imputados por "abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado por la cantidad de participantes y el uso de un arma". La jueza penal Natalia Palud dictó prisión preventiva para cuatro de los acusados, mientras que el quinto continúa el proceso en libertad bajo estrictas condiciones judiciales.

Durante las audiencias, los imputados intentaron minimizar el hecho, argumentando que se trató de "un chiste", versión que fue rechazada de plano por la fiscalía ante la contundencia de las pruebas y el relato de la víctima. El caso generó una fuerte conmoción en la región, no solo por la brutalidad del ataque, sino por el contexto de aislamiento y silencio que caracteriza a los ámbitos rurales.

El expediente quedó bajo la órbita del fiscal Norberto Ríos, quien deberá profundizar las medidas probatorias y definir los próximos pasos del proceso. El caso reabre el debate sobre la violencia sexual en contextos laborales rurales y la necesidad de políticas de prevención y contención para las víctimas, especialmente en zonas alejadas de los centros urbanos.