El escándalo por la muerte de al menos 54 pacientes a causa de fentanilo clínico contaminado ha puesto en el centro de la escena a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, actualmente bajo investigación judicial. La mayoría de las víctimas se registraron en la provincia de Santa Fe, con al menos 15 casos en Rosario, donde el hospital de Emergencias Clemente Álvarez recibió lotes del medicamento adulterado.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se presentó como querellante en la causa y aportó documentación que vincula a los responsables de los laboratorios investigados con antecedentes en el sector farmacéutico local. "Cuando se unen las causas de las mafias de los medicamentos y la del laboratorio Apolo, hay nombres que se repiten", declaró Javkin, en referencia a la explosión del laboratorio Apolo en 2016, que ya había involucrado a varios de los actuales investigados.

La investigación judicial, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, apunta a la continuidad operativa y societaria entre el laboratorio Apolo y los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Documentos oficiales y registros societarios muestran que los empresarios Ariel García Furfaro y Jorge Manuel Salinas, entre otros, han mantenido roles directivos en distintas firmas farmacéuticas de la región, algunas de ellas con antecedentes de irregularidades y vínculos con el tráfico de efedrina.

El caso ha reavivado el debate sobre la falta de controles en la industria farmacéutica y la posible connivencia entre sectores empresariales, políticos y judiciales. "La sociedad merece saber cómo es la trazabilidad de ese material", enfatizó Sebastián Chale, secretario de Gobierno de Rosario. La ANMAT y la Justicia investigan si el fentanilo desviado de su uso médico fue comercializado ilegalmente, mientras se analizan ocho casos en el hospital Clemente Álvarez para determinar su relación con el fentanilo contaminado.

El escándalo también ha puesto en la mira a figuras del narcotráfico como Mario Segovia, conocido como el "Rey de la Efedrina", y ha generado reclamos de familiares de víctimas, quienes se han presentado como querellantes. El intendente Javkin advirtió sobre la necesidad de romper las complicidades políticas y judiciales que permitieron la continuidad de estas actividades, comparando la gravedad del caso con la tragedia de Once. El desenlace de la investigación podría tener profundas implicancias para la regulación y control del sector farmacéutico en Argentina.