El ex Aquarium de Mar del Plata se encuentra en el centro de una controversia tras la difusión de imágenes que muestran delfines nadando en agua turbia, lo que generó preocupación por el estado de los animales y motivó una denuncia penal por presunto abandono. La situación fue alertada por vecinos y viralizada por la Fundación Fauna Argentina, cuyo presidente, Juan Lorenzani, calificó el estado del agua como "patético y triste" y cuestionó la higiene y el manejo del predio.

En respuesta, el intendente Guillermo Montenegro ordenó una inspección oficial y presentó una denuncia ante la Fiscalía de General Pueyrredón. Los informes elaborados por la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal y la Dirección Provincial de Pesca concluyeron que los animales, entre ellos diez delfines, siete lobos marinos, 45 pingüinos y 30 lémures, se encuentran en buen estado de salud y reciben alimentación diaria. El agua turbia fue atribuida a la presencia de microalgas naturales, resultado de la temperatura y la falta de filtrado que se realizaba en épocas de espectáculos turísticos.

Sin embargo, las explicaciones oficiales no lograron acallar las críticas de ONG y vecinos, quienes insisten en la falta de higiene y la necesidad de controles más rigurosos. El deterioro edilicio del predio fue reconocido en los informes, aunque se asegura que la inversión se mantiene en los sectores de animales y alimentación. El traslado de los ejemplares está pendiente de autorizaciones administrativas y sanitarias, y más de la mitad ya fueron reubicados.

El Aquarium, cerrado desde marzo de 2022 por desacuerdos de alquiler, alberga animales nacidos en cautiverio que no pueden ser liberados y requieren cuidados específicos. El predio, propiedad de la familia Peralta Ramos, está bajo la supervisión de entes nacionales y provinciales, y cualquier movimiento de animales debe ser autorizado por las autoridades competentes.

La polémica se agrava en el contexto de las próximas elecciones legislativas, con sectores que sugieren motivaciones políticas detrás de la denuncia penal. Mientras tanto, el estado de los animales continúa siendo monitoreado por autoridades, organizaciones especializadas y la sociedad civil, en espera de definiciones judiciales y administrativas que garanticen su bienestar.