La Justicia de Córdoba avanza en la investigación de una presunta estafa inmobiliaria de gran magnitud que involucra a la empresa Márquez y Asociados. Según el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, la compañía firmó 30 mil contratos para la construcción de viviendas, pero solo cumplió con 2.500 de ellos, dejando a miles de personas afectadas.

El caso ha generado un aluvión de denuncias, con 1.400 nuevas presentaciones realizadas a través de un formulario online habilitado por el Ministerio Público Fiscal. Estas se suman a las denuncias originales que dieron inicio a la causa. "Es una causa cuya magnitud nos ha desbordado", admitió el fiscal Gavier, quien también confirmó que se han incautado bienes de los imputados, incluyendo automóviles de alta gama y propiedades.

Entre los detenidos se encuentran los cuatro hermanos Márquez, quienes ocupaban cargos directivos en la empresa, y su contador. Todos están acusados de asociación ilícita y estafas reiteradas. Además, se ha ordenado la inhibición general de bienes de los acusados y sus familiares.

La Defensoría del Pueblo de Córdoba ha recibido 200 reclamos adicionales y está brindando apoyo a los damnificados. "Estamos acompañando el proceso y facilitando algunas situaciones", declaró el defensor del pueblo, Daniel Frangie. Sin embargo, aclaró que la Defensoría no tiene legitimidad procesal para demandas colectivas.

El impacto del caso ha sido significativo, no solo por la cantidad de afectados, sino también por el presunto desvío de fondos hacia otras actividades. Las autoridades han señalado que el proceso judicial será largo, pero buscan garantizar justicia y posibles indemnizaciones para los damnificados.

Mientras tanto, los afectados tienen la posibilidad de vender sus terrenos o avanzar con obras en sus propiedades sin que esto afecte las investigaciones en curso. La opinión pública ha mostrado indignación ante la magnitud del fraude y la aparente impunidad inicial de los responsables. Este caso se suma a una serie de estafas inmobiliarias que han afectado a la región en los últimos años, generando un llamado a reforzar los controles en el sector.