El Senado de la Nación aprobó esta semana una serie de proyectos de ley que reavivaron la disputa entre el Gobierno nacional y las provincias por la distribución de fondos y el federalismo. Entre las iniciativas sancionadas se destacan el aumento de las jubilaciones, la declaración de la emergencia en discapacidad y la redistribución de recursos provenientes de impuestos y fideicomisos nacionales hacia las provincias.

Las leyes, que obtuvieron más de 50 votos afirmativos y escasa oposición, fueron celebradas por gobernadores y legisladores provinciales, quienes argumentan que la Nación retiene fondos que corresponden a las provincias y que son esenciales para financiar servicios como salud, educación y justicia. "En el Senado de la Nación, hoy las provincias fueron representadas en sus intereses, con una contundente mayoría, en defensa del federalismo", expresó el gobernador Gerardo Zamora.

El presidente Javier Milei, por su parte, anunció que vetará las leyes aprobadas y, en caso de que el Congreso insista, recurrirá a la Justicia. "Vamos a vetar. Y si aun se diera la circunstancia, que no creo, que el veto se cae, lo vamos a judicializar", afirmó Milei durante un acto en la Bolsa de Comercio. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, justificó la decisión argumentando que las leyes no especifican su financiamiento y que comprometen el equilibrio fiscal, una prioridad para el Ejecutivo.

El impacto fiscal de la redistribución es considerable: según estimaciones, la Nación perdería alrededor de $1,5 billones anuales, mientras que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires serían las más beneficiadas. El Gobierno, sin embargo, sostiene que no hay margen financiero para satisfacer los reclamos de todas las provincias y que priorizará acuerdos puntuales con algunos gobernadores.

El debate también estuvo marcado por tensiones internas en el oficialismo, con cruces entre Milei y la vicepresidenta Villarruel, y declaraciones de senadores como Martín Lousteau y Alejandra Vigo defendiendo la autonomía provincial.

A medida que se acerca el recambio legislativo, el conflicto por los fondos y el federalismo promete seguir siendo un eje central de la agenda política argentina, con posibles derivaciones judiciales y un clima de negociación permanente entre Nación y provincias.